Luego del violento desalojo del 28 de octubre del 2020 miles de familias quedaron en la calle con lo puesto. Los medios de comunicación que hasta el momento habían seguido el tema minuto a minuto se olvidaron de la problemática y ya no se supo más nada acerca de las personas que se encontraban luchando por tierra para vivir. A casi seis meses de lo sucedido, las dificultades para acceder a una vivienda digna continua y así también la organización y la lucha.

Horas después del desalojo, un total aproximado de 400 familias se reagruparon para ver cómo seguir. Yamila, militante del Frente de Organizaciones en Lucha contó que “había unas 60 o 70 familias que no tenían ni siquiera alguna casa de algún familiar o amigo donde ir. Tuvimos que coordinar con provincia para que pudieran quedarse en paradores”. Pero estos no son los lugares más amigables para vivir luego de un desalojo. Yamila contó que hubo varias denuncias por maltratos y por las malas condiciones en que se encontraban los espacios.

Mientras tanto, otras personas tuvieron que volver al hacinamiento en casas de familiares y muchas mujeres víctimas de violencia de género no les quedó otra opción que volver a convivir con su agresor. Con el correr de los días algunos grupos optaron por alquilar algún espacio pequeño entre muchas familias, lo cual también implicaba seguir en el amontonamiento y sin las condiciones adecuadas para sobrellevar una pandemia.

Pese a la desmoralización, Guernica dejó un importante saldo organizativo y de lucha que hizo que varias personas decidieran continuar con los reclamos. “El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad decía que quería solucionar la situación pero hasta diciembre no hubo ningún tipo de respuesta. Con movilizaciones y festivales de por medio logramos tener el 3 de diciembre una reunión donde se entregó un padrón con unas 250 familias que necesitaban una vivienda” relató Yamilia y contó que a partir de dicho encuentro comenzaron a generarse algunas aritulaciones tendientes a dar una respuesta frente a la demanda habitacional. 

A lo largo de todo el conflicto, los funcionarios de la provincia y el gobernador Axel Kicillof plantearon la voluntad de resolver la problemática, pero la realidad fue otra. Luego del desalojo el tratamiento con las familias fue bastante discrecional, algunas recibieron un subsidio por única vez de 30 mil pesos, otras firmaron actas que luego no se cumplieron, y otros apenas recibieron algunos materiales de construcción pero sin contar con un lugar para levantar aunque sea una casilla.

Mientras tanto fue necesario que las 250 familias que quedaron organizadas continuaran planteando la importancia de una firma colectiva de un acta mediante la cual se pre-adjudicaran lotes con servicios. Los informes socioambientales comenzaron a hacer de manera lenta, para fines de febrero recien se habían realizado 90. 

Luego de mucha insistencia y lucha se logró la firma colectiva de un acta mediante la cual la provincia se comprometía a la adjudicación de terrenos para garantizar el derecho a la vivienda de las familias que habían quedado en la calle. El objetivo de la asamblea que motorizó el reclamo es conformar un barrio popular organizado con espacios recreativos, culturales, de salud y de educación para todos los vecinos y vecinas.

Aún resta que se concreten todas las actas, pero el sueño de construir un barrio organizado, donde cada familia pueda tener su vivienda y donde además se construya comunidad va dando sus primeros pasos y es uno de los aprendizajes más importantes que dejó Guernica. La solidaridad, lo colectivo y la importancia de estar organizados para luchar por los derechos de las y los trabajadores se materializó en los cuatro meses de resistencia en el predio y en su continuidad luego del desalojo.