Frente de Organizaciones en Lucha » Novedades » 12 ene 2021
Derechos humanos
Se reaviva la agenda de reclamos del sector migrante
Con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer Migrante, organizaciones que nuclean a extranjeros de distintos países volvieron a exigir la derogación del DNU 70/2017 sancionado por el macrismo.
Con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer Migrante, organizaciones que nuclean a extranjeros de distintos países volvieron a exigir la derogación del DNU 70/2017 sancionado por el macrismo. A un año de iniciado el gobierno de Alberto Fernandez, la situación del sector migrante no ha cambiado en nada. Si bien el mandatario dijo que analizaba derogar dicho decreto, aún no ha habido ningún avance y las organizaciones de migrantes denuncian la inacción frente a sus reclamos.
El pasado domingo fue el Día de la Mujer Migrante, en conmemoración a Marcelina Meneses y su hijo Josué, quienes fueron asesinados en el 2001 por motivos racistas. A raíz de dicha conmemoración el colectivo Ni una Migrante Menos organizó una serie de actividades en la estación de tren Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Allí, además de pedir justicia para Marcelina y su hijo, volvieron a poner sobre la mesa la agenda del sector migrante que quedo relegada en el olvido durante todo el 2020.
Marisa, una de las representantes del FOL que participa del espacio Ni una Migrante Menos, volvió a puntualizar en que migrar no es un delito y que por el contrario es un derecho humano. Mientras que Berquis, otra integrante del FOL, contó que “tuvimos una reunión con el director de migraciones para exigir la derogación del DNU 70/2017 y también porque está el problema del sistema Radex que no anda y que no todos saben manejarlo. Quedamos en tener una mesa de diálogo y aún estamos esperando la respuesta”.
Desde el gobierno macrista, las organizaciones que nuclean a migrantes reclaman que el Sistema de Radicación Digital de Extranjeros (Radex) no solo no ha agilizado los tramites sino que por el contrario condena a las personas a vivir en la ilegalidad ya que hace el proceso más burocrático y engorroso. En 2019 apenas el 17% de los trámites iniciados tuvo una resolución exitosa.
Además este sistema que se implementó de forma inconsulta y que no tuvo en cuenta la experiencia de las organizaciones sociales, no contempla la realidad de muchas de las personas que migran: un gran número vive en condiciones precarias sin poder acceder a una buena conexión y una computadora, muchas no saben leer y escribir o no hablan en español.
Por su parte el DNU 70 aceleró la expulsión de extranjeros que presuntamente hayan cometido delitos, es decir que pueden ser deportados sin tener una condena firme. Esta medida fue denunciada como inconstitucional por diversos organismos de derechos humanos, porque persigue y criminaliza a las personas sin el debido proceso judicial. A raíz de esta medida el número de deportaciones creció al doble.
El caso emblemático fue el de Vanesa Gómez, una enfermera peruana de 33 años, que fue deportada pese a que ya había cumplido la totalidad de su condena. A raíz de su expulsión sin ningún proceso, fue separada de dos de sus hijos menores de edad y solo pudo llevarse al menor que era apenas un bebé. Gracias a la lucha de las organizaciones luego de varios meses Vanesa pudo volver al país y reencontrarse con su familia. Por eso Berquis dice que otra de las exigencias es “que se establezca el texto original de la ley de migración 25.871 y que se dejen sin efecto las prohibiciones de reingreso, que se dictaron sin considerar la reunificación familiar y el interés del niño, niña y adolescente. A su vez, pedimos que se reglamente la ley de protección de refugiados y la regularización de migrantes extra Mercosur”.
Por ahora, el presidente de Alberto Fernandez solo ha hecho declaraciones planteando que piensa derogar el decreto establecido por Macri. Pero tras transcurrir un año de su gobierno no se ha implementado ningún tipo de medida para mejorar la situación de las y los migrantes y para atender sus reclamos.
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