El municipio de Almirante Brown despidió ayer a cuatro trabajadores y trabajadoras del programa Envión. En medio de una crisis económica y social que se profundiza por el avance de la pandemia y sin respetar las medidas que prohíben los despidos, la intendencia a cargo de Mariano Cascallares y el equipo de Envión a cargo de Iris Balmaceda y Barbara Miñan, deciden recortar la única política pública destinada a la juventud.

“Envión es un programa de financiamiento provincial pero de ejecución municipal, es decir la contratación depende del municipio, pero nadie se hace cargo de ser el empleador. Provincia dice que es el municipio, municipio dice que es la provincia. Así ya llevamos 10 años de precarización de una política pública con mucho potencial pero con muy poco financiamiento para laburar con las juventudes de los barrios populares” explica uno de los despedidos, quien además contó que no hay ninguna justificación que respalde la decisión tomada, pero que no es casualidad que las cuatro personas despedidas sean quienes vienen impulsando reclamos por mejores condiciones laborales y aumento en las becas para las y los jóvenes que integran el programa.

Quienes trabajan en Envión perciben salarios irrisorios de 11.500 pesos, lo cual los ubica por debajo del nivel de indigencia, y además están bajo contratos que se renuevan periódicamente, con lo cual la inestabilidad laboral es la regla a pesar de que la mayoría viene desempeñando tareas desde hace años. A esto se le suma que las becas que perciben las y los jóvenes se actualizaron recién el año pasado luego de mucha lucha e insistencia. Desde el  2018  se encontraban congeladas en 400 y 800 pesos dependiendo del cobro de la AUH y en el 2020 pasaron a ser de 1500 pesos, lo cual sigue siendo un monto simbólico.

La juventud junto con la niñez son los sectores más golpeados y perjudicados por la crisis que atraviesa el país. Según un informe de Unicef para fines del 2020 el 63% de las niñas, niños y adolescentes se encuentra bajo la línea de pobreza. Mientras que un documento elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA revela que el 34,4% de este sector padece malnutrición, y que durante el ASPO la asistencia alimentaria que brindan las escuelas y comedores se ha reducido de un 39,2% a un 23,2%. En este contexto, el recorte de personal no hace más que profundizar la vulnerabilidad en la que ya se encuentran.

“Estamos dando la lucha por nuestra reincorporación, porque no hay ningún motivo para despedirnos” dice uno de los despedidos, y agrega que “posiblemente en esa semana vamos a hacer una asamblea en barrio Las Cavas junto a las vecinas, vecinos y pibes; Y el lunes posiblemente hagamos alguna jornada cultural y de movilización a la intendencia. A su vez, junto a ATE, reclamamos a provincia la reincorporación en Brown y en otros municipios donde también está habiendo despidos”.