La Cámara de Diputados llevará a votación el próximo viernes 11 de diciembre una nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentada por Alberto Fernández. Pese a que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito lleva más de una década trabajando en su propia iniciativa, la cual obtuvo media sanción en el año 2018, el ejecutivo nacional decidió hacerle algunas modificaciones y presentar un nuevo proyecto que otorga diversas concesiones a la iglesia y a los sectores anti derechos.

La práctica se ha mantenido en la ilegalidad luego de que en el 2018 la Cámara de Senadores rechazara la ley, pero la cantidad de abortos no han disminuido. Por el contrario siguen siendo miles de personas las que arriesgan su vida para interrumpir un embarazo en condiciones de mucha vulnerabilidad y precariedad, siendo las mujeres pobres las más expuestas a perder la vida por no contar con las herramientas ni la información necesaria para hacerlo de forma segura.

Pese a esto, la discusión a nivel social y la enorme disputa dada en las calles hace dos años abrió puertas. “Pudimos avanzar en sacar del closet el debate y la práctica del aborto. Aunque sigue siendo muy difícil en los barrios porque quienes abortan siguen sufriendo muchísima discriminación y hostigamiento, no solamente por parte de sus parejas y familias, sino por parte del barrio en general” dijo Solana, miembro de la comisión de género del FOL.

En el 2020 la falta de políticas públicas y la indiferencia del Estado para abordar esta problemática se hicieron más evidentes, ya que todas las consultas de salud se vieron restringidas al Covid 19 y a eso se le sumo la extrema precariedad en la que se encuentran las y los trabajadores de salud y el vaciamiento del sistema de atención pública. A su vez, pese a contar con un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, fueron las redes comunitarias, las organizaciones feministas, las consejerías y los movimientos sociales quienes se encargaron de seguir realizando acompañamientos y visibilizando que incluso en cuarentena se siguen haciendo abortos.  

“Que tenga mayor visibilidad empujó bastante a nivel institucional” dijo Solana, pero aclaró que esto muchas veces depende de la voluntad de las y los profesionales que luchan a favor de este derecho y se lo cargan al hombro como parte de una militancia. A su vez, remarcó que “creció mucho el número de acompañamientos y el poder interrumpir un embarazo se volvió una posibilidad concreta y una elección en la vida de nuestras compañeras” y esa realidad se ve atravesada también por un contexto de aumento descomunal de los niveles de pobreza, hambre, desocupación y falta de vivienda que hicieron que para muchas personas sea imposible pensar en la posibilidad de mantener otro hijo/a.

Tania, otra integrante de la comisión de género, coincidió en que “no hemos abandonado las calles y hemos seguido visibilizando desde las distintas estrategias y herramientas que tenemos. En este año me parece interesante seguir manifestándonos y utilizando las herramientas tecnológicas de las redes para visibilizar la problemática”.

La nueva normativa recibió muchas críticas por parte del activismo y del movimiento feminista, debido a que otorga amplias concesiones a la iglesia y sectores antiderechos, limitando y poniendo mayores dificultades en el acceso a la práctica. Algunas de las modificaciones más polémicas tienen que ver con la inclusión de la objeción de conciencia que permitiría que las y los profesionales se nieguen a realizar la interrupción y que la persona tenga que ser derivada; y la inclusión de la penalización de quienes se practiquen un aborto luego de las 14 semanas, entre otras.