Una gran amplitud sectores y organizaciones convocan mañana a concentrarse frente al Pasaje Dardo Rocha a las 11 hs en repudio al proyecto que el ejecutivo municipal intenta aprobar bajo el nombre de “código de convivencia”. Dicha normativa lejos de contribuir a la convivencia tiene como objetivo obturar la protesta social, así como prohibir el trabajo ambulante, sexual y de la economía popular, por eso el espacio convocante plantea que en realidad es un “código represivo”.

El proyecto fue presentado en el 2018 y quedó frenado por el masivo rechazo de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, colectivos de abogadxs, gremios y sindicatos, cooperativas de trabajo, colectivas feministas y LGBTTNB, organizaciones de trabajadoras sexuales, centros de estudiantes, organizaciones políticas, redes y espacios culturales-artísticos, partidos políticos y espacios de migrantes, entre otros.

El contenido del mismo es sumamente reaccionario, clasista y xenófobo, buscando privatizar los espacios públicos y el acceso a la cultura, y cercenar los derechos de la población. De esta manera, pueden cobrar multas de hasta 390 mil pesos o detener por 15 días a quienes repartan volantes de comercios en el centro; para las trabajadoras sexuales las multas alcanzan los 234 mil pesos; por realizar una protesta en la vía publica te pueden detener en comisarías de la provincia de Buenos Aires; los centros culturales podrían sufrir clausuras de hasta 90 días o multas que alcanzan el millón de pesos; mientras que quienes trabajan lavando autos en la calle pueden ser multados por 78 mil pesos; entre otras medidas restrictivas.  

La crisis económica que se arrastraba en los últimos años se profundizó a raíz de la pandemia del coronavirus y las cifras están llegando a números alarmantes. Según el Indec en el primer semestre del 2020, la pobreza golpea al 40,9% de la población, es decir a 11.680.575 personas, y dentro de ese grupo hay 2.995.878 que no llegaron ni siquiera a cubrir la Canasta Básica Alimentaria y que son consideradas indigentes. Por lo que resulta aún más impactante e inadmisible que en este contexto, el intendente intente avanzar con una normativa que profundizará el empeoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías.

A esto hay que sumarle que en el último tiempo la política represiva del gobierno municipal se ha acrecentado de manera drástica. Esto se observa en la denuncia penal emitida por la secretaria de Control Ciudadano, Virginia Pérez Cattaneo, contra la comunidad senegalesa a quienes acusa del delito de trata de personas, asociación ilícita, falsificación y reproducción de marcas, entre otros. Esta medida profundamente racista, se ensaña con uno de los sectores más vulnerables de la ciudad.

En la misma situación de precariedad y hostigamiento se encuentran las trabajadoras sexuales, la comunidad trans-travestis y las manteras, quienes son corridas y perseguidas de manera constante, impidiéndoles realizar su trabajo.

Por último, desde hace meses el sector cooperativistas que se encarga de mantener limpia la ciudad viene exigiendo un aumento salarial, ya que hoy perciben un mínimo ingreso de 7 mil pesos. Frente a esto Julio Garro no ha hecho más que ignorar y ningunear el reclamo, alargando un conflicto que lleva a que miles de familias se encuentren por debajo del nivel de indigencia.

Frente a este panorama el activismo de la ciudad comienza a organizarse de nuevo para rechazar la aprobación del código, tal como sucedió en el 2018.