En una entrevista realizada por el canal C5N, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, elaboró un relato plagado de falsedades para justificar el accionar represivo y el desalojo de las 1400 familias que vivían en el predio de Guernica. Además se encargó de profundizar la persecución y demonización de las familias y de las organizaciones sociales que estuvieron participando en el conflicto para arribar a una solución.

Estas fueron una a una las declaraciones de Kicillof:

“A la enorme mayoría le dimos una solución (…) mucha gente abandonó pacíficamente la toma. Quiero decir 734 personas”

Una semana antes del desalojo se hizo un censo organizado por la provincia de Buenos Aires a cargo del dispositivo interministerial y con el control popular de las y los vecinos, y de organismos como el Cerpaj y el Cels. Los resultados de dicho relevamiento arrojaron que había 1400 familias viviendo en el predio de Guernica.

A su vez, como denunciaron muchas familias las soluciones que ofrecía el gobierno era brindarles materiales para la construcción, electrodomésticos o dinero con montos que iban desde 15 mil a 50 mil pesos. Luego el gobierno de Kicillof se retractó y cedió ante la presión empresarial y mediática, y dijo que el subsidio de 50 mil era un programa viejo y que no era para las familias que participaron de la toma.

Además cabe preguntarse ¿Es una solución otorgar materiales de construcción cuando no se cuenta con un terreno donde levantar la vivienda o cuando se vive en casas de familiares totalmente hacinados? ¿Es una solución otorgar un subsidio que no alcanza para construir ni siquiera una habitación y que en el mejor de los casos puede servir para alquilar por un par de meses? ¿Y después qué?

“El acuerdo general dentro de nuestra coalición, es que la respuesta no es ni la toma ni la policía, la respuesta es la justicia social”

La respuesta frente al déficit habitacional efectivamente fue la represión al mando de la policía de Sergio Berni. Además, durante todo el proceso hubo diversas situaciones de amedrentamiento y amenazas hacia las familias; un helicóptero que todos los días a las 5 am pasaba con vuelo rasante y alumbrando a las casillas para generar miedo; se judicializó a más de 300 personas, etc.

¿Cuál es la justicia social en ese accionar? ¿Es justo hacerles pasar por esa situación a miles de personas, entre quienes se encontraban niños, niñas y adolescentes? ¿Es justo que la policía haya incendiado las precarias viviendas haciendo que las familias perdieran lo poco que tenían? ¿Es justo que haya habido más de 4 mil personas vivienda a la intemperie durante 3 meses para luego encima sufrir un desalojo de esa magnitud y violencia?

“es un terreno privado”

Durante todo el proceso no hubo ningún sector que pudiera acreditar una escritura de los terrenos en disputa. A su vez, recientemente se dio a conocer una investigación del Equipo de Investigación Política (Edipo) que revela que la empresa Bellaco S.A que reclamaba 60 has, presenta numerosas irregularidades y deudas en el pago de impuestos de dichos terrenos y que a su vez adquirió esa propiedad durante el la última dictadura cívico militar. El presidente de la empresa, César Emilio Pérez Pesado, fue funcionario de la dictadura desde 1980 a 1982.

 “Una toma tampoco es una solución porque hay mucha precariedad y después redunda en todos los problemas de urbanizarla y demás”

Esta afirmación desconoce todo el trabajo hecho por la Comisión de Urbanismo, quienes junto con vecinos y vecinas elaboraron un proyecto que garantizaba un barrio ordenado y urbanizado. Fueron meses de trabajo y debate entre todas las personas que habitaban el predio para ponerse de acuerdo en torno a la cantidad de metros cuadrados que ocuparía cada lote, la diagramación de las calles, la disposición de espacios verdes y recreativos, etc.

Este proyecto fue presentado en diversas oportunidades a los distintos funcionarios públicos que intervenían en el conflicto, por lo tanto lo que existe es la total falta de voluntad política para llevar adelante esa propuesta que contaba con el aval de profesionales en la materia como geógrafos y arquitectos.

El argumento de que es una zona inundable, no explica porque entonces si estaría permitido desarrollar un country en dicho espacio, con canchas de golf y de rugby.

Lo sucedido en Guernica deja a las claras que la dirección que eligió tomar el gobierno respecto al problema habitacional es priorizar la propiedad privada de sectores empresarios y reprimir a familias que no tienen donde vivir, dicho horizonte se repitió luego con diversas tomas a lo largo del país.