La problemática habitacional en el NOA es un problema sin resolver desde hace muchos años. En el caso de la provincia de Salta el faltante de viviendas es de más de 72mil y desde hace más de 11 años la población ha crecido significativamente como así también la miseria y la inequidad para el acceso a un terreno y a la vivienda digna, esto según censos del INDEC y anuario estadístico de la provincia.

Estos últimos años en Capital y el interior ha crecido la acción de tomas de terrenos u ocupación de viviendas deshabitadas por parte de trabajadores changarines, feriantes, trabajadores de la calle, trabajadores en negro, golondrinas y familias enteras que sufren la imposibilidad de pagar alquileres e impuestos. Esta situación se vio agravada este año por la crisis económica, política y sanitaria.

Es así que varios asentamientos en la capital salteña han sido la solución de muchas familias carenciadas. En el departamento de Salta Capital, según el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (LERAL) el 44% del déficit habitacional de la provincia radica en la ciudad de Salta, producto de un proceso expansivo y de urbanización mal planificado y la desigualdad social, puesto que la burguesía compra terrenos de altos costos y se expande hacia los espacios suburbanos para conformar barrios privados y nuevas alternativas para los poderosos. El negocio inmobiliario  está netamente monopolizado e inalcanzable para la población que no cuenta ni siquiera con un salario mínimo.

#Ahora #Urgente Familias completas desalojadas por la policía de Sáenz y Pulleiro.
ABORRECEMOS EL ACCIONAR DEL GOBIERNO DE #SALTA #BASTADEREPRESIONPOLICIAL#TIERRAPARAVIVIR
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— fol.comunicacion (@FOLprensa) August 26, 2020

El pasado martes 25 de agosto, uno de los asentamientos que aún permanece en zona sudeste de la capital salteña, ubicado en el barrio San Calixto, ha resistido una feroz represión por parte de la policía de Gustavo Saenz y Juan Manuel Pulleiro. Un operativo inusual con el propósito de amedrentar a los asentados que pertenecen a diversas organizaciones e ideologias políticas, organizados en un predio con precarias carpas y toldos, con un merendero y una enfermería funcionando todos los días. El accionar violento causó múltiples heridos, tres horas de incansable balacera, dejó porosas espaldas y piernas de mujeres, varones, ancianos y niños que corrían a resguardarse de lo que ocurría desde las 21 horas de ese martes teñido de gas pimienta en un ambiente totalmente enrrarecido y de resistencia.

Así como este operativo muchos asentamientos corrieron la misma suerte y no recibieron respuestas ni soluciones inmediatas al pedido digno del derecho por un terreno y una vivienda por parte del Estado. Las respuestas son las mismas, represión para levantar a la asentados, amedrentar y desalentar todo tipo de iniciativa de lucha por un espacio de tierra.

Miles de trabajadores aún siguen esperando año tras año como postulantes anotados en un registro provincial para viviendas, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Son más de 21mil postulantes y va en creces este número puesto que muchos trabajadores están padeciendo situaciones críticas para sostener alquileres y tolerar el hacinamiento familiar. Más de la mitad de los anotados perciben ingresos menores a dos salarios mínimos vital y móvil, lo que da cuenta de la crítica situación económica.

Desde principios de agosto el gobierno provincial ha lanzado una suerte de plan de urbanización social para regularizar la vivienda de más de 10mil familias. Este proyecto no es más que una salida poco viable para resolver el déficit de más de 11 años puesto que no llegaría a toda la población, como así también la forma de adquirir los lotes por parte del gobierno no da seguridad y cuenta que sea un proyecto firme. Apuntan a  terrenos fiscales de la provincia y la posibilidad muy lejana de que ceda terrenos el Estado Nacional por ley en el Congreso. Sin contar con los terrenos privados que debería comprar la provincia en default a dueños sin llegar a la expropiación.

Paralelamente el panorama muestra una cara totalmente antagónica puesto que la Cámara de Diputados Provincial cede lotes y hectáreas a instituciones como iglesias, colegios privados e instituciones Médicas privadas. Justamente ocurrió el mismo martes 25 la aprobación de los diputados provinciales de ceder terrenos en el departamento de Rosario de la Frontera, al IMAC una clínica privada ya conocida por su accionar con subcontratistas y escándalos por irregularidades con pagos de impuestos  en Rosario de Lerma.

Lo cierto es que el gobierno provincial tiene muchos pendientes para resolver, pero el déficit de viviendas es un problema estructural tan grave como la desnutrición, la falta de empleo y la insostenible crisis sanitaria que colapsa a hospitales en el interior y la ciudad ya declarada con contagios por circulación comunitaria.