En el último tiempo, a raíz de la fuerte crisis económica que golpea a las grandes mayorías, se estuvo discutiendo hacia el interior del gobierno la posibilidad de implementar una Renta Básica Universal (RBU) que otorgue un ingreso mínimo para aquellas personas que no tienen otros recursos. El Ministro de Desarrollo de la nación, Daniel Arroyo, dijo que después del tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) podría empezar a pensarse una RBU equivalente a un salario mínimo que hoy está en 16.875 pesos.

Una cuestión a remarcar, es que el Salario Mínimo, Vital y Móvil se encuentra congelado desde el año pasado y cada vez se aleja más de los 66 mil pesos que se estipula que necesita una familia de cuatro personas para no ser pobre. A su vez existe una expectativa de inflación anual que se acerca al 40%, por lo cual si ese monto no se actualiza implicará una mayor pérdida del poder adquisitivo para la clase trabajadora.

En este contexto, la discusión en torno a la RBU no solo se da en Argentina, sino que está en debate en gran parte del mundo debido a que las condiciones estructurales del sistema capitalista develan que cada vez son más lxs trabajadorxs que quedan por fuera del mercado laboral formal. Esto se ha acentuado a partir de la profundización de la crisis tras la expansión del coronavirus, pero en nuestro país ya van al menos 4 generaciones que no han podido acceder a un puesto de trabajo con todos los derechos. Por lo tanto consideramos que la RBU es apenas un paliativo frente a los padecimientos de millones de personas que continuaran en la línea de pobreza.

Según algunas consultoras como Ecolatina se estima que la desocupación habría superado el 15% en el segundo trimestre de este año, representando el valor más alto desde 2003. A su vez, según el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) la pobreza subió 7 puntos durante la pandemia y se ubica cerca del 45%. Mientras tanto Unicef calcula que a fines del 2020 la pobreza en niños, niñas y adolescentes podría escalar a 63% y la pobreza extrema treparía al 16,3%.

Frente a este panorama, consideramos que la única forma de empezar a generar transformaciones que beneficien a las grandes mayorías es afectar la tasa de ganancias de los capitalistas, redistribuir la riqueza y la tierra. La brecha entre ricos y pobres aumentó a fines del 2019, ya que el 10% más rico del país gana 21 veces más que el 10% más pobre. Además el 60% de la población percibió un salario promedio de 25 mil pesos, muy por debajo del valor de la Canasta Básica Total en aquel momento. Mientras tanto las 50 familias más ricas del país acumulan una riqueza de 46.440 millones de dólares según el ranking de la revista Forbes al 31 de mayo.

Lxs multimillonarixs se han beneficiado de los subsidios del Estado, mientras reducen personal y recortan los salarios de sus trabajadorxs en medio de la crisis. Por eso como un primer paso, exigimos que se implemente un impuesto a las grandes fortunas de forma permanente, y no por única vez como planteaba el gobierno. Además se debe afectar a lxs grandes terratenientes, que siendo un grupo muy reducido acaparan la mayor parte de las tierras del país.

A su vez, para empezar a abordar la problemática del desempleo se deben generar más puestos de trabajo con todos los derechos disminuyendo la jornada laboral a 6 hs sin afectar los salarios. Esto permitiría generar una mejor distribución, afectando las ganancias de lxs empresarios, y no los bolsillos de lxs trabajadorxs.

Nuestra lucha histórica fue y será siempre por trabajo genuino y cambio social. Desde los ’90 venimos organizándonos en los barrios populares y villas para generar espacios cooperativos y autogestivos que den respuestas a las necesidades más urgentes de toda la comunidad. Así hemos desarrollado cuadrillas de recolección de basura, limpieza, zanjeo y construcción; comedores, merenderos y huertas orgánicas; productivos textiles, de herrería, de carpintería y de elaboración de juguetes; jardines populares y cuadrillas de salud y género, entre otras iniciativas.

Dentro de nuestros planteos siempre remarcamos que los programas de empleo que brinda el Estado y bajo los cuales desarrollamos estas tareas, son una forma de precarización extrema y de desconocimiento al rol de todxs nuestrxs compañerxs. Siempre ha estado presente en nuestras exigencias que todas esas labores sean reconocidas con un salario de base igual al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También hemos luchado desde hace décadas por trabajo con todos los derechos por  el pase a planta permanente de nuestrxs compañerxs allí donde fuera posible, consiguiendo está conquista en algunos casos minoritarios luego de mucho esfuerzo. Además de organizar a miles y miles de personas en nuestras cooperativas dando una batalla permanente contra la precarización, teniendo como objetivo mejorar con la lucha nuestras condiciones laborales y sociales.  

Nuestra lucha es además por la urbanización y mejora estructural de nuestros barrios y viviendas, por eso volcamos todos nuestros esfuerzos y propuestas allí, ya que la ausencia de los sucesivos gobiernos nos condena a la marginalidad y pone en riesgo nuestras vidas al quedar expuestxs a las continuas inundaciones, falta de agua, hacinamiento, cortes de luz, propagación de basurales ilegales y dificultades para acceder a la salud.

Implementar un plan de obras públicas a nivel nacional pensando en mejorar las condiciones de vida de millones de personas es una perspectiva que podrá generar cambios reales. Pero si las obras se piensan en base a la especulación inmobiliaria y al usufructo de la tierra para la ganancia de unxs pocxs, la desigualdad seguirá ensanchándose. Necesitamos que la tierra deje ser un negocio para que sea reconocida realmente como un derecho humano, y que se destine a quienes la usan para producir y para vivir.

Somos quienes hemos estado en la primera línea brindando apoyo, contención y acompañamiento esencial en este contexto de pandemia; somos quienes a lo largo de toda nuestra historia hemos fomentado lazos solidarios para dar respuestas colectivas a los problemas comunes que nos aquejan; y somos quienes hemos pateado el barrio construyendo por fuera de las lógicas patronales y punteriles, para impulsar que sea el pueblo trabajador quien tome las riendas de su futuro.

Reivindicamos nuestro derecho a organizarnos de forma colectiva para luchar por una mejor vida. La participación social y política no puede ser un privilegio de una minoría ilustrada o de los partidos burgueses tradicionales.

Lxs ricxs del planeta intentan resguardar sus ganancias, salvar el capital, a costa de empujar a la más profunda miseria a millones en el mundo. En este marco se inscribe el debate de la renta universal, pues se trata de dar algo para no perder todo. La enorme historia de resistencias de nuestros pueblos obliga a las clases dominantes a aplicar medidas paliativas que eviten que el impacto de la crisis brinde las condiciones para ascendentes revueltas populares de aquí y de allá.

A su vez, no desconocemos que la RBU puede significar un factor que lxs grandes empresarixs aprovechen para rebajar los salarios de sus trabajadorxs, tal como hicieron con el programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Aun así, sabemos que todo derecho que sirva para organizarnos y mantenernos de pie, debemos defenderlo con la mayor dignidad de la que seamos capaces, sin olvidar nunca que de lo que se trata es de afectar la tasa de ganancia empresarial y no resignarnos a la supervivencia. Para salir de la crisis y que no paguemos nosotrxs las consecuencias una vez más debemos exigir plan masivo de obras públicas, tierra para vivir y producir, recomposición salarial y defensa del empleo además de rechazar el paquete de reformas neoliberales.

Los movimientos sociales sabemos que nuestra lucha es por generar un sistema donde no haya explotación y donde todxs podamos ser más libres. Con esa perspectiva orientamos todos nuestros esfuerzos cotidianos y bajo ese horizonte continuamos construyendo poder popular.