La Unión de Comunidades Chubutenses lanzó la segunda iniciativa popular para prohibir la megaminería en toda la provincia. Cabe destacar que el primer proyecto presentado en el 2014 sufrió un fraude legislativo por parte de los diputados de aquel entonces, quienes respondían a los intereses de las empresas y transformaron la iniciativa en una Ley pro minera. Gracias al repudio masivo y al escándalo que se generó se logró que dicha normativa nunca se aplique y finalmente se derogue un año después.

En los últimos años la provincia de Chubut viene atravesando una de las peores crisis de su historia, cuestión que se profundiza en el contexto de la pandemia. Al día de la fecha el gobierno de Mariano Arcioni adeuda el pago del salario de abril al 40% del sector activo y al 15% de las y los jubilados, mientras que el mes de mayo y junio no se lo han pagado a ningún estatal.

Pese a ser una de las gestiones con más rechazo popular en la historia de la región, el mandatario se mantiene en el poder como si no sucediera nada, arrojando a toda la población a niveles de pobreza y precariedad extremos. Entonces ¿cómo es posible esto? ¿Quién sostiene políticamente a Arcioni? Las respuestas pueden encontrarse en los intereses de grandes empresas multinacionales que desde hace más de una década acechan a la provincia y el aval del gobierno Nacional.

En el año 2003 Argentina todavía sufría las consecuencias de la crisis del 2001 y los altos niveles de desocupación no habían disminuido. En aquel entonces, los gobernantes intentaron presentar a la megaminería como la única alternativa con un proyecto de explotación de oro en la ciudad cordillerana de Esquel. Pero las masivas movilizaciones impidieron que pudiera llevarse a cabo. Desde ese momento los intereses de las empresas acechan a la provincia y es claro que el gobernador Mariano Arcioni pretende abandonar y ahogar a su población para aprobar la megaminería, presentándola nuevamente como la única salida.  

Pero está comprobado que este tipo de proyectos no trae beneficios para las comunidades en las que se asientan y por el contrario las consecuencias son muchas. Las ilusiones respecto a la creación de nuevos puestos de trabajo desaparecerán rápidamente, ya que las mineras necesitan mano de obra altamente calificada y la clase trabajadora empobrecida del lugar por lo general no posee esos conocimientos tan específicos.  

La llegada masiva de empleados provenientes de otros lugares, quienes cobran sueldos altísimos, cambia por completo la estructura social de las comunidades. De esta manera la brecha entre ricos y pobres aumenta de forma drástica, generando un gran encarecimiento de la vida debido a que todo se mide al nivel de los ingresos de los trabajadores mineros. De esta manera los alquileres, las tarifas de servicios, los precios en el supermercado y la vida en general aumentan su costo, excluyendo aún más a los sectores más pobres.

Por otro lado, la mano de obra es en su mayoría masculina, relegando a las mujeres a los trabajos más precarios y recluyéndolas en las labores hogareñas de cuidado sin paga alguna. Sumado a esto, se generan circuitos de consumo relacionados con el juego, el tráfico de drogas, la trata y la actividad nocturna diseñada para que los mineros gasten sus cuantiosos ingresos. Esto expone a las mujeres y disidencias sexuales a mayores niveles de violencia. Lo mismo sucede con otras actividades extractivas como el fracking, que hoy en día se lleva a cabo en la costa chubutense, donde sus habitantes ya empiezan a observar las consecuencias.

Por otro lado, la megaminería es incompatible con otras actividades productivas como la agricultura, la cría de animales o el turismo. Esto se debe a la enorme destrucción del medio ambiente producto de la utilización de enormes cantidades de agua potable para separar el oro de la piedra, y debido a la implementación de sustancias toxicas como el cianuro que contaminan las napas de agua.

No hay forma de que la megaminería a cielo abierto no sea contaminante, ya que sin ir más lejos las toneladas que piedra que remueven quedan a exposición de la luz, la lluvia y el aire y eso crea un drenaje acido que se traslada a los ríos, contaminando no solo los alrededores sino todo la región por la que estos atraviesan.

La megaminería perpetúa el saqueo a los bienes comunes naturales, daña el ecosistema y contamina el agua que muchas veces es un derecho poco accesible en los barrios populares. Por eso la iniciativa popular para prohibir este tipo de proyectos se vuelve imperante para evitar el avance de la desposesión de la vida de toda la clase trabajadora.