La decisión de Alberto Fernández de intervenir Vicentin puso al descubierto el enorme negocio que hay detrás de la producción de alimentos y las multimillonarias ganancias de un pequeño grupo de empresas que se enriquecen estafando al Estado y destruyendo la tierra. Cómo es posible que mientras se producen toneladas de cereales y productos derivados para la exportación, millones de personas continúan pasando hambre y sin poder acceder a una alimentación saludable.

Vicentin es grupo integrado por alrededor de 20 empresas que entre otras cosas produce soja, girasol, maíz y trigo, que se destinan principalmente a la exportación. Las principales exportadoras son todas extranjeras, pero entre 2015 y 2019 Vicentin pasó del puesto 19 al 6 entre las argentinas que más facturaron y pasó de ser la cuarta agroexportadora a la primera. A pesar de esto se habían declarado al borde de la quiebra.

Le debe un total de 1350 millones de dólares a distintos sectores; pero la deuda principal la tiene con el Banco Nación y es de 18 mil millones de pesos y a la Afip un total de 2600 millones de pesos. A pesar de que desde agosto del 2019 dejó de pagar lo que le habían prestado, el Banco Nación los siguió beneficiando con nuevos préstamos. Otro de los mecanismos de la estafa fue declarar menos cantidad de exportaciones para liquidar menos dólares.

Esto es lo que motivó al gobierno a intervenir la empresa para poder investigar a dónde fue toda esa plata. Pero además dejó al descubierto un sistema de producción de alimentos que más que estar orientado a satisfacer las necesidades alimenticias de la población y que todos puedan comer, está pensando para generar grandes ganancias en dólares, a costa de sacrificar el ecosistema. A eso se le llama sistema extractivista.  

Lejos quedaron las prácticas ancestrales de los pueblos que sabían que para no dañar la tierra los cultivos deben ir rotándose y dejando tiempo a la recuperación. Estas empresas, por el contrario, siembran el mismo cultivo a lo largo de muchas hectáreas sin ningún tipo de renovación. En su gran mayoría es la soja transgénica (es decir modificada genéticamente) que necesita de insecticidas tóxicos (los famosos agrotoxicos) que dañan de manera irreparable los suelos, no permiten que crezcan otras plantas, y tienen consecuencias terribles sobre la salud de las personas.

A su vez, este sistema crea grandes desigualdades y ahoga a pequeños y medianos productores de hortalizas y frutas. Esto se debe a que ese sector en gran parte no es dueño de la tierra sino que la alquila y muchas veces no cuenta con la maquinaria suficiente para producir y sostenerse, por lo que también terminan recurriendo a semillas transgénicas.

Otro de los grandes problemas es la forma de comercialización de esas frutas y verduras, ya que muchas veces quienes las producen no son quienes las distribuyen, entonces en el recorrido hasta el supermercado el precio aumenta de manera drástica. En ese circuito los grandes beneficiados son las cadenas de supermercados que terminan pagando miseria a quienes cultivaron las verduras y a su vez remarcan tanto los precios que para los consumidores finales termina saliendo carísimo. Tampoco hay incentivos para que se cultive de manera local, lo cual permitiría abastecer a los pueblos y ciudades sin grandes necesidades de traslados, y evitando esas remarcaciones.

¿Qué es la soberanía alimentaria?

A raíz del conflicto con Vicentin algunos medios de comunicación comenzaron a argumentar que si el Estado se hace cargo de esta empresa podría alcanzarse la soberanía alimentaria, pero ¿de qué se trata ese concepto?

La soberanía alimentaria significa que las y los trabajadores tengan derecho a definir qué tipo de alimentos se producen y de qué manera. Implica repensar el acceso a la tierra, la utilización del agua, el cultivo descentralizado y el comercio justo. Es decir pensar una producción de alimentos para que nadie pase hambre, basado en las necesidades reales y no para las ganancias empresarias.

Por lo que no alcanza con que el gobierno maneje una parte de una sola empresa, mientras que el resto está en manos extranjeras y se continúa con esa lógica extractivista que arrasa con los derechos de las personas y destruye la naturaleza.

Las y los grandes perdedores de este modelo son las y los trabajadores en general y los pequeños productores. En un contexto como el actual, donde la pandemia y la cuarentena golpean generando desocupación, precariedad y hambre, se hace evidente que los alimentos son hoy un negocio. Mientras en los comedores escasea la comida las grandes empresas embolsan millones de dólares que fugan al exterior y vacían las cuentas de los bancos públicos, poniendo en riesgo además miles de puestos de trabajo.

Por lo que un avance estratégico para la economía del país sería que el gobierno estatice la empresa Vicentin sin ningún tipo de indemnización hacia los empresarios que han especulado con los alimentos del pueblo a costa de una estafa sideral. Por último, y no menos importante, un cambio profundo tiene que orientarse a pensar un modelo productivo no extractivista y con participación de las trabajadoras y los trabajadores del sector en la toma de decisiones.