En Chubut estamos frente a una puja política que pone en riesgo la salud de la población en el marco de la pandemia mundial por el COVID-19. La discusión entre el gobernador Mariano Arcioni, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre y otros sectores opositores generó una incertidumbre en la población que hace más visibles los intereses mezquinos que persiguen estas figuras públicas y sus aparatos políticos. Cada jurisdicción es una isla y pretende aplicar sus criterios de acuerdo a los interés que representan, beneficiando sectores de empresarios afines y procurando adquirir notoriedad política que los posicione de cara a una elección.

Distintas medidas de circulación de personas y vehículos, actividades económicas exceptuadas de cumplir con la cuarentena aportan muy poca claridad de los criterios a asumir por la población. En estos momentos tan complejos consideramos que deberían transmitirse con más claridad los criterios a adoptar y asumir una política activa de cuidado de los barrios populares más golpeados por esta pandemia. El quedate en tu casa no golpea de manera semejante a la clase trabajadora y somos los y las precarizados/as las que nos vemos en una situación de grave crisis social.

En este contexto, la jueza Mirta del Valle Moreno hizo lugar a la aplicación de habeas corpus colectivos presentadas por distintas organizaciones sociales y de derechos humanos para denunciar el abuso policial en la provincia durante la aplicación de la resolución del ministerio de seguridad que reglamenta la cuarentena. Personas de distintas localidades como Comodoro Rivadavia, Trevelin, Esquel, Trelew y Puerto Madryn han denunciado el accionar de la policía provincial que demuestra el carácter represivo de la cuarentena y la falta de una política de abordaje social a los sectores más perjudicados. Según registros hay más de 4 mil detenciones que se hicieron durante la pandemia por el Ministerio de Seguridad.

La jueza Moreno colabora a generar confusión en la población y se mete de lleno en la interna política porque además de ir contra el accionar de los policías denunciados y contra el ministro Federico Massoni - cosa que apoyamos - deroga otras medidas sobre la implementación de la cuarentena.

Este panorama hace evidente el conflicto de intereses políticos haciendo caso omiso a las necesidades de la sociedad, disputándose la implementación de la cuarentena cuando en realidad deberían coordinar y resguardar la seguridad, la integridad y la salud de la población. Como telón de fondo tenemos la situación de presión imparable de la deuda de la provincia que condiciona las políticas públicas. Mientras no esté dentro de una perspectiva política el tocar los intereses económicos de los sectores más concentrados como las mineras y las petroleras no hay salida posible.

En conclusión, cada sector político intenta desplegar su juego poniendo en riesgo a la población, los diputados no sesionan con la excusa de la cuarentena y de esta manera no tener que discutir las irregularidades que vienen ocurriendo, ni trabajar en función de la enorme deuda que tiene la provincia para priorizar la salud y el ingreso de las familias más afectadas. La incertidumbre solo favorece la aparición de lobbies como las mineras donando insumos para que después aprueben la excepción de su actividad. Esto pone de manifiesto la irresponsabilidad política de los funcionarios provinciales disputándose intereses políticos por encima de una salida organizada.