Tanto en barrios de la capital salteña como en el interior, se han generado más de 600 detenidos, 159 sancionados con multas que van de mil a 20mil pesos y en total 6mil procedimientos de lo que va la cuarentena por violar el aislamiento  social. Pero así también son los palos propinados a jóvenes, madres y trabajadores, junto al maltrato verbal, balas de goma, amenazas y otras tácticas de amedrentamiento por ir a trabajar, ir a pagar boletas, comprar artículos de librería, cobro de sueldos en correo, asistencia a personas con violencia de géneros, tareas comunitarias en merenderos, entre tantas justificaciones para reprimir.

El DNU en la provincia faculta con superpoderes a la policía de la provincia para tomar decisiones de sancionar a personas que desobedezcan el aislamiento obligatorio, pero sin intervención de fiscalía penal o de un juez de garantía. Estás facultades contravencionales para decidir son netamente inconstitucionales puesto que viola derechos y garantías específicas. En conjunto con la política adoptada por el gobernador Sáenz, que pide a los militares en la calle, el decreto viene a potenciar la voraz ansia de ésta política extrema y dominio forzado del actual ministro de seguridad de la provincia Juan Manuel Pulleiro. Este sujeto reivindica a menudo la dictadura militar y operativos como el combate de Manchalá donde se enfrentaron militares con integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), como así también el terrorismo de Estado del Plan Cóndor y el operativo Independencia con total impunidad. Como darle a un lobo el cuidado de un rebaño.

Así se suscitan miles de denuncias sobre actos violentos, detenciones sin justificativos, allanamientos ilegales, persecuciones en barrios pobres y ataques a comunidades y grupos étnicos.

Al principio de la cuarentena un vallado en el microcentro sumado al cierre de paso de los municipios y fronteras mostraba  un frenetismo con las medidas de aislamiento perjudicando hasta el ingreso de camiones con mercadería e insumos para la población que quedaba totalmente aislada. Luego se desató la represión sobre trabajadorxs y jovenxs en los barrios. Así ocurrió en Barrio Santa Ana (zona Sur de la capital) donde dos jóvenes que volvían de trabajar fueron revisados de pies a cabezas y obligados a descalzarse y vaciar sus bolsillos. En Barrio Bancario (también zona sur de la capital) entraron a un edificio policías armados golpeando a una anciana y jóvenes, por la madrugada. Sin identificación amedrentaron a vecinos y todos los que pasaban, solo por compartir charlas de ventanas a ventanas entre vecinos. En Barrio Convivencia y Solidaridad (zona sureste) ocurrieron múltiples persecuciones a jóvenes que realizaban compras en negocios y librerías. En la localidad de Güemes el 5 de abril también jóvenes fueron reprimidos en la puerta de sus casas con balas de goma y una niña de seis años termino internada por un impacto de bala en uno de sus ojos, probablemente quedaría ciega. El 15 de abril la detención policial en Tartagal (departamento de San Martín)  a 25 personas de la comunidad Wichi de Santa Victoria Este, cuando regresaban de cobrar sueldos en esa localidad y fueron privados de su libertad sin comer, discriminados y con una bebé en estado febril. Alegaron que era por la camioneta en la que se trasladaban siendo que presentaron todos los permisos y papeles del registro que tenían en orden. Luego de once largas horas fueron liberados. El 17 de abril en Orán una mujer fue agredida por dos policías por salir a pagar la luz según la terminación de su número de boleta. Terminó en la comisaría luego de ser golpeada, insultada y obligada a firmar una orden para que no hable con los medios. En Joaquín V González un joven de 17 años atropellado y reprimido a tiros por la policía quedó hospitalizado grave en terapia. El 2 de abril reprimieron en un merendero del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) en el barrio 26 de Abril (capital de Salta). La excusa en esta oportunidad era por  amontonamiento en el espacio.  La detención del 13 de abril de Irene Cari del Foro de Mujeres de Salta, donde nunca le informaron motivos de la misma como así también de la imputación. Ciertamente llevaba tarea de asistencia con una joven víctima de violencia de género.

Este estado y gobiernos provinciales y nacionales reproducen en los medios audiovisuales un panorama controlado y una policía heroica al servicio de la comunidad en esta época de aislamiento, pero los hechos hablan por sí solos puesto que es totalmente lo contrario. Muestran el accionar represivo con olor a estado de sitio, la violación fundamentalmente del artículo 6 del DNU, el atropello y salvajismo de estos héroes solo aplaudidos por el Estado puesto que responden al burgués asustado que no sale a ponerle el pecho a la crisis de hambre y pobreza en los barrios de todo el país. Aquel burgués que cómodamente desde su casa mira la realidad desde cíclopes de cristal y llama boludos a los que vivimos la triste situación de haber perdido hasta nuestros derechos en época de libertades constitucionales.