En la madrugada del domingo asesinaron a Roberta, una mujer trans peruana, en 1 y 62. Dos hombres le dieron cuatro puñaladas, y luego sus compañeras se encargaron de trasladarla al Hospital San Martín donde finalmente falleció unas horas más tarde. La causa está a cargo del fiscal de turno Juan Cruz Condomi Alcorta, titular de la UFI 16 y está caratulada como homicidio doblemente agravado.

El auto en el que viajaban los dos acusados fue abandonado a pocas cuadras del lugar y secuestrado por la Policía Bonaerense. Gracias al registro de una cámara de seguridad de la zona, y al testimonio de una compañera de Roberta, pudieron ser identificados bajo el nombre de Nacho y Julián, dos hermanos de 22 y 25 que solían merodear por la “zona roja” violentando a las trans y travestis.

Desde Otrans lanzaron un comunicado repudiando el hecho y exigiendo al gobernador Axel Kicillof y a la a Ministra de la Mujer, Géneros y diversidad, Estela Díaz, el cese de estas prácticas. “Este modus operandi no es aislado, sino responde a una lógica de persecución, dónde se han incrementado exponencialmente las vejaciones, torturas y muertes de compañeras trans y travestis en los últimos años”, expresaron.

El lunes se realizó una marcha en pedido de justicia, la cual fue convocada en 1 y 62, esquina donde sucedió el crimen, y finalizó en Procuración general de la Corte Suprema de Justicia. En la misma participaron varias organizaciones sociales en conjunto con organismos de derechos humanos para exigir justicia por Roberta y por todas las trans y travestis asesinadas por la persecución y marginación del gobierno municipal de Julio Garro.

Pocos meses atrás en La Plata ocurrió el crimen de La Chicho, una marica que fue brutalmente asesinada a puñaladas. Según el Observatorio de Crímenes LGTB, cada 96 horas ocurre un travesticidio/transfemicidio, ya sea por causa de homicidio, suicidio o social, la causa más común. Esto último se debe a la ausencia del Estado y la falta de acceso a derechos básicos como salud, trabajo y vivienda.