El cierre del 2019 dejo en evidencia, una vez más, que la erradicación de la violencia hacia mujeres y disidencias sexuales está muy lejos de concretarse y sigue siendo una materia pendiente de los sucesivos gobiernos. El Observatorio “Ahora Que Si Nos Ven” reveló que en diciembre hubo un femicidio por día, y que en todo el año se registraron 327 casos, lo que representa uno cada 27 horas.

Cabe aclarar que la cantidad de este tipo de crímenes podría ser mucho mayor, debido a que hasta el momento no existen estadísticas oficiales. El Observatorio “Ahora Que Si Nos Ven” dirigido por Raquel Vivanco realiza sus análisis en base a las noticias que aparecen en los medios, por lo tanto quedan afuera muchos casos que no llegan a publicarse.

Diversas organizaciones sociales y agrupaciones feministas levantan hace mucho tiempo la exigencia para que se cree un registro oficial y nacional de estadísticas, ya que estas son fundamentales para poder pensar políticas públicas efectivas.

A su vez, existe una deuda aún mayor con respecto al cálculo sobre crímenes de odio contra personas trans y travestis, aunque se sabe que el promedio de vida de este colectivo no supera los 40 años y que sus condiciones de existencia están atravesadas por la marginalidad, la discriminación y la desigualdad de oportunidades.

El Observatorio dirigido por Vivanco reveló que en el 67% de los casos los victimarios son parejas o exparejas, con lo cual se registró que en el 2019 quedaron huérfanos 235 niños y niñas. A su vez, el 63% de los femicidios se cometen en la vivienda de la víctima, lo que pone en evidencia un alto grado de vulnerabilidad.

El gobierno de Alberto Fernández creó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad que absorberá al Instituto Nacional de las Mujeres, y estará a cargo de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta de la agrupación Patria Grande. Todavía no se sabe cuál será su presupuesto ni cuándo entrará concretamente en funciones.

Según expresó Gómez Alcorta algunos de los objetivos del Ministerio serán transversalizar y federalizar las políticas de género, el abordaje integral de la problemática de las violencias machistas, el desarrollo de una “plan nacional de cuidados” que intentará abordar la inequidad con respecto a las tareas domésticas y de cuidado que llevan adelante las mujeres y que no son reconocidas, políticas públicas en términos de diversidad sexual y formación para la función pública.

Pero hasta el momento todas estas propuestas han sido generalidades y no se sabe en concreto cuáles serán los programas y líneas específicas de abordaje. Desde los movimientos sociales hace tiempo reclaman que haya una ayuda económica de emergencia para las mujeres que están en situación de violencia y que dependen económicamente del agresor. Dicha política se anunció durante el gobierno de Mauricio Macri, pero en la práctica nunca tuvo implementación.

A su vez, la línea 144 que asesora y brinda apoyo frente a diversos casos de violencia se encuentra muy precarizada, y sus trabajadoras vienen denunciando el vaciamiento sistemático del programa y las condiciones vergonzosas de contratación. Gómez Alcorta habló de visibilizar dicha línea a nivel nacional, pero no propuso ninguna iniciativa para mejorar las condiciones laborales de quienes la llevan a cabo.

Muchas de las propuestas delineadas son cuestiones que hace muchos años vienen levantando las organizaciones sociales y feministas, y que en todo este tiempo son esos espacios los que se han encargado de sostener redes que den respuestas a estas problemáticas.

A su vez, la discusión por la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo será un eje fundamental durante el año, y habrá que ver el tipo de proyecto que se plantea desde el gobierno, si uno que represente la lucha histórica de la Campaña Nacional por el Derechos al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, o uno que busque mediar con los intereses de la iglesia.