Desde las 9 de la mañana una masiva movilización se concentró sobre las entradas de la Legislatura mendocina para exigir que se dé marcha atrás con el intento de modificación de la Ley 7722, la cual impide que los emprendimientos megamineros utilicen sustancias toxicas que contaminan el agua. Dicha reglamentación fue sancionada en el año 2007 como resultado de la lucha popular.

La avanzada contra los derechos conquistados por el pueblo mendocino nunca cesó. Al poco tiempo de asumir Rodolfo Suarez (Cambiemos), actual gobernador de la provincia y sucesor de Cornejo, se dispuso a continuar los pasos de su antecesor y envió un proyecto propio para modificar los principales artículos de la ley 7722.

En esos artículos se prohibía el uso de sustancias como el cianuro, el arsénico y el ácido sulfúrico, debido a que son altamente contaminantes. A su vez, establecía que para cualquier proyecto megaminero metalífero debe haber una previa autorización del poder legislativo, cuestión que con las modificaciones propuestas por Suarez quedaría sin efecto, y solo con el aval del Poder Ejecutivo se podría avanzar con los emprendimientos mineros.

“Hay una gran oposición a que se modifique esta Ley, desde varias aristas, la que prima es evitar que el agua se contamine” afirmo Chacho, militante del Frente de Organizaciones en Lucha, y además agregó que “Mendoza está pasando la peor crisis hídrica desde que se toman datos oficiales”. Es por eso que hoy desde diversas localidades se han hecho caravanas y cortes de ruta para exigir que se le ponga un freno a la modificación de esta norma.

El proyecto de Suarez cuenta además con el apoyo de las y los legisladores del PJ, quienes con anterioridad también habían mandado sus propios proyectos de modificación. Esta vez, la senadora nacional por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, apuntó a que se debían hacer los controles necesarios para no contaminar el agua, generar trabajo, y contar con el apoyo de la sociedad. Pero ninguno de estos requisitos se cumple a la hora de pensar los proyectos megamineros transnacionales.

Desde el FOL enfatizan la importancia de que los bienes naturales, como lo son los metales y minerales, no deben estar en manos de empresas multinacionales que lo que buscan es maximizar sus ganancias a costa del sacrificio y la explotación del medio ambiente. Por el contrario, recalcan que este tipo de recursos deben estar en manos del Estado y que se deben crear las condiciones necesarias para que las comunidades se desarrollen sin dañar la naturaleza, donde se tenga en cuenta una perspectiva sustentable y agroecológica, y donde puedan convivir diversos proyectos productivos en armonía con el entorno.

Por el contrario, los sucesivos gobiernos desde el Kirchnerismo hasta el actual Frente de Todos, impulsan como una de sus principales políticas de Estado el extractivismo, con actividades tales como el Fracking, la utilización de agrotóxicos, la deforestación y la megaminería. Sin ir más lejos, el actual secretario de Minería de la Nación es Alberto Hensel, conocido por garantizar la impunidad de la empresa Barrick Gold, que fue la responsable de causar el peor desastre minero en la historia de Argentina tras el derrame de cianuro en el año 2015 en Jachal, San Juan.  

Cabe señalar, que en momentos de crisis económica siempre se recurre al argumento de que la minería a cielo abierto trae progreso y bienestar para las poblaciones en las que se asientan. Misma situación se vivió hace algunas semanas en la provincia de Chubut, donde también derogaron la ley que impedía ese tipo de emprendimientos.

Hasta el momento, todas las experiencias en torno a proyectos mineros de esta escala han sido un rotundo fracaso para las comunidades y han conllevado la destrucción sin precedentes de la naturaleza. El caso emblemático es el de Andalgalá en Catamarca, donde luego de años de explotación minera, la provincia sigue siendo una de las más pobres del país y a poco de inaugurarse Minera La Alumbrera, el gobierno catamarqueño declaró la emergencia económica.