El 27 de agosto el gobierno publicó en el Boletín Oficial un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia que permite la importación de residuos peligrosos que hayan sido reciclados previamente, sin la necesidad de un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental como se exigía anteriormente. El aumento de la importación de residuos para empresas nacionales y multinacionales implica la disminución de los precios de los materiales que reciclan los cartoneros y cooperativistas.

En 1991 se sancionó la Ley de Residuos Peligrosos, la cual prohibía el ingreso de materiales reciclables sin su correspondiente certificado de inocuidad. Esta normativa fue cambiada y ahora, se permite el ingreso de desechos tales como papel y cartón, chatarra ferrosa, chatarra de aluminio, material plástico y vidrios, entre otros. Lo llamativo, es que el gobierno impulsó esta medida en silencio ya que representa una grave regresión en derechos ambientales. Una medida que nos convertiría en el “Basural del mundo”.

Esta medida afecta específicamente a los particulares y cooperativas que se dedican al reciclado. En un país en donde no se acostumbra a reciclar el 100% de los materiales, la decisión es importar basura en vez de impulsar el trabajo de los cartoneros y propiciarles las condiciones dignas de empleo que exigen a diario. Los recolectores juntan hasta 600 toneladas de residuos reciclables por día, los cuales luego venden a empresas o municipalidades para poder ganar un salario que generalmente no supera la línea de indigencia.

El decreto representa una de las demandas de las empresas para bajar los costos de producción. Sin embargo, generaría a su vez que los materiales reciclados en el país pierdan su valor y afecten a la economía de los cartoneros de manera drástica generando que los trabajadores de la economía informal queden aún más desprotegidos en medio de la crisis económica y social.   

Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de basura del mundo, y ahora que China prohibió el ingreso de reciclables no es casualidad que se flexibilicen las importaciones de residuos en Argentina. Sobre todo, en un país en donde la política ambiental es casi  nula,  y en vistas de que el 70% de los residuos que exporta EE.UU a países en vías de desarrollo son tóxicos o no reutilizables.

Según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores se calcula que son alrededor de 150.000 los recicladores urbanos que se encargan de recolectar y procesar 40 millones de toneladas de residuos al año. Esta política de Cambiemos tiene como fin el rendimiento económico de las organizaciones con fines de lucro a costa del hambre de todas estas familias y la contaminación ambiental.