El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público.”

(Artículo 2 de la Ley de Residencia. Argentina. 1902)

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“Respecto a los extranjeros vinculados a los hechos de violencia de ayer (24 de octubre de 2018, movilización contra la aprobación en el Congreso Nacional de un presupuesto de ajuste y despojo al pueblo argentino), ya estamos en contacto con el juez y con el fiscal para tener un juicio abreviado y poder deportarlos”

(Rogelio Frigerio, Ministro del Interior, Argentina, 25 de octubre de 2018)

“Espero que los dos venezolanos, el paraguayo y el turco estén listos para salir del país"

(Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque peronista en el Senado, 25 de octubre de 2018)

Más de cien años pasaron de la Ley de Residencia, pero seguimos escuchando que los principales dirigentes del Gobierno Nacional y algunos de su supuesta oposición en el Congreso solicitan la expulsión del país de extranjeros en razón de la supuesta “peligrosidad” de sus prácticas.

"Peligrosidad” que en ambos casos se fundan en su participación política, a la que presentan como “amenaza” al “orden público”.

En momentos en que la avanzada de la derecha y del fascismo en la región trata de ser frenada, entre otros, por el activismo político transnacional a través de artistas, organismos de derechos humanos y partidos políticos de distintos lugares del mundo que manifiestan su preocupación por lo acontecido en estas geografías, nuestros mandatarios promueven rápidamente la expulsión del país de extranjeros en función de su presunta actividad política.

Mientras que nos conmovemos por aquellas intervenciones solodariad de mexicanxs con migrantes centroamericanos que nos confirman que la búsqueda de un mundo más solidario y justo trasciende fronteras, otras formas de participar en política parecen poder ser cuestionadas y merecer una sanción ejemplificadora: la expulsión del territorio.

No es el punto aquí decir que al menos uno de los extranjeros detenidos ayer en la zona del Congreso no había ido a manifestarse, y ni siquiera sabía lo que allí estaba ocurriendo (Crónica de La Garganta Poderosa: https://goo.gl/CmoX4g). Y que aún siendo todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, autoridades nacionales proponen deportar a Barán Anil, Luis Fretes, Felipe Uleo y Víctor Uleo.

No nos interesa despolitizar a los extranjeros y migrantes. Al contrario: defendemos el derecho a participar de la vida política como algo inherente al ser humano. Como algo inherente a nuestro ser en el mundo.

Fue esa participación política la que contribuyó a principios del siglo XX a conquistar muchos de los derechos que el pueblo argentino hoy defiende con dignidad, ante un gobierno dispuesto a todo para terminar de implantar una política de hambre y despojo. Los derechos que hoy tiene el pueblo argentino, insistimos, fueron promovidos y conquistados en gran parte gracias al accionar de “extranjeros”. Los mismos que a Ley de Residencia luego expulsó. Los mismos que el gobierno actual y sus secuaces hoy quieren deportar.

Desde la Campaña Nacional Migrar No es Delito venimos alertando sobre la ola xenófoba y racista promovida por el gobierno y sus medios de desinformación con más fuerza desde Enero de 2017 con la emisión del DNU 70/17 y otras iniciativas legislativas de carácter Nacional y Provinciales.

Exigimos el desprocesamiento de todxs lxs detenidxs arbitrariamente durante la represión desatada el día de ayer ante el tratamiento del presupuesto de ajuste del 2019, un presupuesto cuyos recortes afectan con mucho énfasis a los sectores más empobrecidos de la sociedad, entre quienes nos encontramos lxs migrantxs.

#MigrarNoEsDelito #NoAlPresupuestoDeHambre