Algunos sectores, principalmente los organizados, vienen resistiendo las políticas económicas del macrismo que apuntan a profundizar el ajuste y la precarización y que están afectando de manera directa a miles de trabajadores y trabajadoras. Tal como se vio en distintas ocasiones, el gobierno pretende frenar la protesta social muchas veces mediante la fuerza represiva y en otras tantas recurre a la persecución política mediante el poder judicial.

Algunos ejemplos de este accionar son, el caso de los 11 referentes jujeños detenidos y acusados de “atentado a la autoridad” en abril pasado, tras haber participado de la movilización en el marco de la apertura de las sesiones legislativas del gobernador Gerardo Morales, que terminó con un fuerte operativo represivo y varios heridos.  

A su vez, un caso similar se dio en La Plata, donde la Municipalidad denunció a 14 referentes por intimidación pública, tras una movilización que realizaron para reclamar aumento de sueldos y nuevos puestos de trabajo para los cooperativistas.

Caso testigo

En Río Negro avanza el juicio contra 5 trabajadoras de limpieza de la Universidad Nacional del Comahue y contra Ángel García miembro del Frente de Organizaciones en Lucha y representante legal de la cooperativa bajo la cual figuraban las trabajadoras. Se los acusa de usurpación y coacción agravada, delito que tiene una pena de hasta 8 años de prisión.

Eran 12 las mujeres que trabajaban en la empresa Litoral Clining que prestaba servicios de manera tercerizada a la Universidad del Comahue. En el 2015 comenzaron a reclamar por mejoras en las condiciones laborales y al comenzar el ciclo lectivo del 2016, la empresa les notificó que estaban despedidas y la Universidad se desligó del problema. A partir de ahí iniciaron un plan de lucha, que consistió en diversas movilizaciones, actividades culturales y de difusión.

Finalmente lograron que la Universidad les haga un contrato por un año bajo la cooperativa Mariano Moreno, que pertenece al FOL. Pero nuevamente a finales del 2016 se reanuda el conflicto, ya que las trabajadoras reclamaban que se les garantice la continuidad laboral y la regularización de los pagos.

Ante ese reclamo la Universidad decide rescindir el contrato con la cooperativa de trabajo. En ese contexto las trabajadoras, junto a distintos sectores de la comunidad educativa inician una permanencia pacífica en el decanato, reclamando la reincorporación. Frente a esto las autoridades responden criminalizandolas y denunciandolas frente a la justicia.

Con esto “no solamente vulneran el derecho a condiciones de trabajo dignas, sino también el derecho a la protesta. Además esta judicialización implica que se transgreda la autonomía universitaria, porque el conflicto se tendría que resolver en ese ámbito y no con la intervención de la Justicia Federal, que conllevó el ingreso de la policía al edificio” declaró Ángel, uno de los denunciados.

A su vez, el pedido de elevación a juicio por parte del Juez Hugo Greca y del Fiscal Moldes, desconoce el fallo de la Cámara de Apelaciones que plantea la anulación de la figura de coacción agravada.

Todas estas medidas, dan cuenta de un accionar arbitrario para amedrentar la protesta social y silenciar a trabajadoras que estaban ejerciendo su legitimo derecho a la protesta.  De esta manera las denuncias penales y el armado de causas a militantes sociales por su participación política y su presencia en manifestaciones y cortes, apunta a criminalizar la protesta para amedrentar a quienes se organizan y silenciar el descontento social.