Lejos de que la investigación avance en la búsqueda de Julio López con vida y se sepa la verdad sobre lo que sucedió aquel 18 de septiembre de 2006 en el que tendría que haber llegado a escuchar los alegatos en la causa contra el genocida Etchecolatz, las condiciones de impunidad sostenidas durante 18 años se fortalecen en el gobierno libertario. 

Javier Milei y Victoria Villarruel reivindican y defienden la visita a los genocidas e impulsan un proyecto de ley para dejarlos impunes. En campaña la vicepresidenta que fundó una asociación por la impunidad de los represores fue confrontada por visitar en la cárcel al condenado genocida Rafael Videla al menos en dos ocasiones.

Al mismo tiempo, LLA robustece a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con un incremento real del 5,9%. Su financiamiento fue debatido en las últimas semanas luego de que el Congreso rechazara un Decreto de Necesidad y Urgencia que aumentaba en $100 mil millones los fondos reservados para el organismo de los cuales el 75 % del presupuesto iba a permanecer secreto, sin posibilidad de fiscalizar las acciones.

Hay que señalar que la SIDE junto a la Policía Bonaerense y los jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco fueron los principales actores del Estado que manipularon las pistas del caso de desaparición forzada de Jorge Julio López en pleno gobierno de Kirchner. Además, la SIDE es un organismo clave para no sólo garantizar la impunidad en casos donde el estado es responsable de crímenes contra quienes piensan distinto, sino para garantizar impunidad, como el caso AMIA.

Que no se conozca la verdad es uno de los objetivos principales del gobierno de Milei y Villarruel quienes eliminaron la Unidad Especial de Investigación que tenía como objetivo la búsqueda de nietos apropiados y desaparecidos durante la última dictadura militar. Abuelas de Plaza de Mayo cuenta con unas 7000 denuncias de posibles hijos e hijas de personas desaparecidas y con este organismo daba pie a la restitución de identidad y asistía a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abran en la justicia causas improcedentes. 

Desaparición forzada de Julio López en democracia

El 18 de septiembre de 2006 se produjo la desaparición forzada de Jorge Julio López, militante político en una unidad básica peronista en la década del ’70 y sobreviviente de los Centros Clandestinos de Detención de la Policía Bonaerense. Jorge había brindado un testimonio de gran contundencia en el primer juicio oral de envergadura que llegaba a sentencia en Argentina con posterioridad a la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final por los crímenes de lesa humanidad acontecidos en la última dictadura militar.  

Ese mismo día donde debían exponerse los alegatos de su querella, en el juicio contra el ex Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Jorge Julio López nunca llegó. Esa causa judicial donde se juzgaba a los represores sentó precedente dentro del derecho argentino porque se utilizó por primera vez la figura de Genocidio, y en consecuencia fue la primera condena judicial que contemplaba ese delito en nuestro país. 

Desde los organismos de DDHH señalaron que la desaparición de López se trataba de una desaparición forzada vinculada al juicio a Etchecolatz y por eso había que investigar a los represores recluidos en el penal federal de Marcos Paz, donde se encontraban alojados Etchecolatz y otros genocidas. Sin embargo el procedimiento de allanamiento se realizó seis meses después y fue cantado y no contó con la presencia del juez ni de ningún otro funcionario judicial. 

Sin embargo, de la celda se secuestró una agenda perteneciente a Etchecolatz donde figuraban los datos de Susana Beatriz Gopar, policía bonaerense en actividad que había actuado en Interpol durante la dictadura y que vivía a 5 cuadras de la casa de López. Esa línea de investigación fue desestimada pese a que había expresas conexiones y un vecino había visto a López la mañana que desapareció frente a la casa de Gopar. Nunca se hizo un allanamiento y esa policía se mudó.

En 2006 Victoria Villarruel, hija y familiar de militares involucrados en el plan represivo conocido como operativo independencia en 1975, militaba por la impunidad de los genocidas apoyando activamente a los imputados en los juicios. Su nombre también figura en el cuaderno en el que Etchecolatz se organizaba para el juicio del año 2006. En la actualidad, durante la compaña y como vice presidenta, Villaruel promueve la reapertura de causas de "víctimas del terrorismo" y la construcción de una “verdad completa”. Su objetivo es instalar nuevamente la teoría de los dos demonios equiparando el accionar de las fuerzas armadas, es decir, el terrorismo de estado con el accionar de los grupos guerrilleros. 

La sociedad sigue exigiendo una investigación ejemplar para encontrar a Julio López que se base en los aportes de los organismos de DDHH a la causa con las denuncias sobre la existencia de bandas mixtas de policías retirados y en actividad vinculados a Etchecolatz. Varias líneas giran en torno a Etchecolatz, su entorno privado y familiar, y los policías que formaron parte del Circuito Camps y que López mencionó en su testimonio, así como del SPB. 

Así como el testimonio de López fue vital para condenar a Etchecolatz a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, la lucha de los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales es imprescindible para avanzar contra la impunidad que se teje sobre los represores de ayer y de hoy.