sábado 20 de julio de 2024 - Edición Nº2361
Frente de Organizaciones en Lucha » Regionales » 26 jun 2024

Crónica de una masacre anunciada

Se cumplen 22 años del fusilamiento de Kosteki y Santillán en la estación Avellaneda. En base a la investigación plasmada en el libro “Darío y Maxi, dignidad piquetera”, un ejercicio de memoria en tiempos en los que otra vez recrudece la represión a la protesta social. Por Nicolás Salás para Canal Abierto


26 de junio de 2002. Es media mañana en Avellaneda y piqueteros de diferentes organizaciones se encuentran sobre la avenida Pavón a la altura de la estación Avellaneda preparándose para subir al Puente Pueyrredón, desde donde piensan movilizarse hasta la Plaza de Mayo. La presencia de carros hidrantes y un amplio operativo policial, confirma el escenario represivo que vienen caracterizando desde hace días, aunque no terminan de dilucidar la magnitud del mismo.

Las columnas de la CTD Aníbal Verón, el Mijd y Barrios de Pie se dirigen por la avenida Pavón hacia la subida del puente donde tienen pensado empalmar con la columna encabezada por el Bloque Piquetero Nacional (BPN) que avanza desde Alsina.

Tras recorrer las cuatro cuadras que separan la estación del puente, se topan con un grupo reducido de policías a cargo del comisario Fanchiotti. Hace falta la agresión a una piquetera por parte de las fuerzas de seguridad, para que se desate la represión.

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Desde el 1 de enero de 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde buscaba recomponer la institucionalidad y la gobernabilidad perdida con la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre 2001. Para ello, necesitaba sacarse de encima a los sectores que se mantenían en la calle; los piqueteros, sin lugar a dudas, eran uno de los principales.

Otro de los sectores activos del momento era el de los ahorristas, que desde hacía meses se encontraban movilizados, escrachando y quemando bancos a lo largo y ancho del país, reclamando por sus dineros confiscados por el “corralito”. A su vez, las asambleas populares de la capital y el conurbano venían organizándose en gran número y siendo partícipes de las acciones callejeras que se suscitaban semana a semana.

Con la excusa de la inseguridad, el 10 de enero el Ejecutivo nacional había definido unificar las distintas fuerzas de seguridad que operaban en la capital y el conurbano. En paralelo, los servicios de inteligencia a cargo de la SIDE se infiltraban en las asambleas de las organizaciones y movilizaciones.

Mientras aceitaba una perspectiva única para las fuerzas de seguridad, el Gobierno alimentaba las divisiones y diferencias entre las organizaciones sociales. Así mostraba ante los grandes medios de comunicación la existencia de dos tipos de piqueteros; “los blandos o dialoguistas” y “los duros o combativos”. A los primeros los recibirá en la Casa Rosada e incluirá en los distintos consejos gubernamentales encargados de distribuir los programas sociales y la asistencia alimentaria. A los segundos, les declarará la guerra mediática y concreta.

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Se desata la represión en el Puente Pueyrredón. Las líneas de autodefensa de las organizaciones intentan frenar la avanzada de la policía contra las columnas. Buscan dar tiempo a sus compañeros y compañeras para que se alejen del lugar.

Los disparos que comienzan con el grupo de Fanchiotti se amplifican cuando entran en acción varios grupos más de personal policial, tanto uniformados y de civil. A los pocos minutos, los piqueteros detectan que la represión no es disuasoria y se convierte en una verdadera cacería.

Mientras la primera línea piquetera se repliega como puede, varios heridos sienten arder su cuerpo y empiezan a comprobar que los proyectiles que les disparan no son precisamente balas de goma. En ese momento, se empieza a comprender el carácter represivo que desde hace semanas viene preparando el Gobierno.

Darío Santillán, referente de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, es uno de los que retrocede junto a sus compañeros de autodefensa. Maximiliano Kosteki, uno de los jóvenes que se había sumado al naciente Movimiento de Trabajadores Desocupados de Guernica, es otro de los que se repliega como puede en dirección a la estación de trenes.

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La planificación de la masacre venía tomando cuerpo meses antes del 26 de junio. El 14 de mayo, Duhalde se había reunido con un grupo de gobernadores buscando que respalden su deteriorada gestión y que acompañen la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Allí los mandatarios provinciales que venían reprimiendo distintas puebladas desde 1996 pedirán un ejemplo “aleccionador” con los piqueteros duros.

El ministro de Justicia de la Nación, Jorge Vanossi, era uno de los intérpretes de la causa “complot”, por la cual el Gobierno buscaba responsabilizar a la conducción de las organizaciones piqueteras de lo que pudiera suceder aquel 26 de junio. Allí jugarán un rol central los agentes de la SIDE encargados de entregar información, luego de infiltrarse en las organizaciones, que fundamente con “pruebas” que “los piqueteros se habían matado entre ellos” y eran parte de una conspiración contra la patria y el Gobierno.

Al procedimiento judicial buscado se le sumarán decenas de declaraciones mediáticas de los principales referentes del gabinete nacional como Juan José Álvarez, Aníbal Fernández, Alfredo Matzkin y Jorge Atanasof, así como el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá.

Las palabras oficiales serán sincronizadas perfectamente por el grupo Clarín, La Nación y los principales conglomerados mediáticos que acompañarán el relato oficial antes, durante y después de los crímenes.

Con la Justicia, el Gobierno y los grandes medios de comunicación alineados, se ponía en marcha la masacre. 

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Las organizaciones piqueteras opositoras a Duhalde habían definido construir, pese a sus diferencias, una unidad de acción que lograra torcer la mano a un Gobierno que se empezaba a mostrar intransigente con quienes no le respondieran. Así se concretará la alianza entre los dos bloques más importantes del sector que se mantenía intransigente con Duhalde como eran la CTD Aníbal Verón y el BPN, sumando a las acciones a Barrios de Pie y el MIJD.

El aislamiento venía siendo una de las preocupaciones de la dirigencia piquetera de dichas organizaciones que para ese entonces habían atravesado varios ataques como el asesinato a principio de 2002 de Javier Barrionuevo a manos de un puntero que respondía al intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, o los ataques perpetrados por personal de civil contra militantes en el Lanús de Manuel Quindimil. Las amenazas y todo tipo de aprietes se volvían moneda corriente en cada uno de los distritos donde los movimientos sociales le disputaban el territorio a los punteros y grupos de choque amparados por los llamados “barones del conurbano”.

La estrategia del Gobierno era decidida y buscaba llevar a las organizaciones a un callejón sin salida, y la única forma de evitar tal dirección era amplificar la unidad en la calle.

Para Duhalde, el barco podía mantenerse a flote si sus políticas lograban combinar consenso con represión. Así es que desplegó, durante el año y cinco meses que duró su gestión, alrededor de 2 millones de Jefes y Jefas de Hogar, planes sociales que apuntaban, por un lado, a aminorar las broncas en los sectores más golpeados por la crisis y, por otro, tabicar el desarrollo de las organizaciones piqueteras sobre la clase obrera más empobrecida y marginada. Para ello, le quitará poder a las organizaciones a quienes les negará la posibilidad de distribuir los programas de empleo, otorgando dicha funcionalidad a los jefes comunales peronistas y el aparato de punteros con el que contaba en cada territorio.

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A Maximiliano Kosteki lo hieren de muerte en las afueras de la estación Avellaneda. Uno de sus compañeros se repliega junto a él dentro de las instalaciones ferroviarias. Pierde mucha sangre. Minutos después llega al lugar Darío Santillán que se hace cargo de asistir al herido y le dice a quien lo acompaña que se retire del lugar que él se queda aguardando la llegada de una ambulancia o alguien que ayude a trasladarlo a un hospital.

No pasa mucho tiempo y en el lugar se presenta Fanchiotti y su chofer, el cabo Acosta. En ese momento, y ante la embestida que los policías hacen contra los piqueteros, Darío interpone su mano entre los uniformados y Maximiliano Kosteki que yace desvanecido. Armas en mano y apuntándolo, los uniformados lo obligan a retirarse del lugar. Santillán se levanta y cuando se encuentra de espalda les disparan sin más. 

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En total fueron 34 los heridos con balas de plomo pertenecientes a “La Verón”, al “Polo Obrero”, el MTR, la FTC, CUBA, entre otras organizaciones. A su vez, sufrieron impactos personas autoconvocadas como integrantes de las asambleas populares de la capital o trabajadores ferroviarios y municipales que circulaban por la zona.

Los muertos podrían haber sido más si se tiene en cuenta que muchos de los heridos y heridas  recibieron balas de plomo en zonas vitales como el pecho o la cabeza, y varios debieron permanecer en terapia intensiva por días y hasta semanas.

Desde “La CTD Aníbal Verón” denunciaron que dos piqueteros detenidos habían sufrido torturas en la comisaría Primera de Avellaneda: “Fuimos torturados y tenemos compañeras pateadas en la cabeza”, señalaba Jorge Jara, del MTD de Solano ante los medios televisivos.

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Inmediatamente ejecutados los dos asesinatos, el Gobierno puso en acción una nueva etapa de la planificación de la causa “complot”: responsabilizar a las organizaciones por las muertes de Avellaneda.

Aníbal Fernández reconocerá públicamente la existencia de gente infiltrada en las instancias deliberativas de las organizaciones. Estos agentes confirmarían la tesis que motivaba la judicialización de la protesta:

“En esa asamblea se habló de lucha armada. En esa asamblea se definió un plan de lucha que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades”.

Felipe Solá, máximo jefe político de la Bonaerense, será otro de los pilares fundamentales para la estrategia de Duhalde. En principio recibirá un llamado de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, quien le reclamará por lo sucedido. Su respuesta será clara: “Bueno, mire Nora, ese es un enfrentamiento entre pobres contra pobres, quédese tranquila”. Como si no fuera poco, horas después de la masacre recibirá en la Casa de Gobierno al comisario Fanchiotti a quien reconocerá y destacará por su labor durante los “incidentes” producidos en el Puente Pueyrredón.

Un sinnúmero de funcionarios del gabinete nacional se expresarán en el mismo sentido alimentando la responsabilidad de la dirigencia piquetera por lo sucedido.

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La planificación gubernamental recibirá un golpe letal en la noche del 27 de junio cuando empezarán a circular en distintas redacciones una serie de fotos en la que se constataba que los fusilamientos de Kosteki y Santillán habían sido perpetrados por Fanchiotti y el cabo Acosta. Pese a la presión editorial, las imágenes también trascenderán en fotógrafos y medios alternativos, lo que terminará por romper el cerco mediático de las grandes corporaciones periodísticas.

En cuestión de minutos se desmembraba toda la propaganda oficialista. De esta manera, se relegitimaba la versión de las organizaciones y los medios alternativos que venían poniendo en eje a la policía bonaerense y los grupos de infiltrados que habían intervenido durante la represión.

En pocos minutos el Gobierno dio un giro de 180 grados y redireccionó las acusaciones a los “excesos” policiales. El viraje discursivo no será suficiente para contener una nueva crisis gubernamental que ocasionará desde la renuncia de varios ministros hasta el adelantamiento de las elecciones presidenciales para abril del 2003, tirando por tierra la posibilidad de construir un posible nuevo periodo de Duhalde en la Casa Rosada, como venían pensando algunos dirigentes del PJ.

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A más de veinte años de la masacre, Fanchiotti y Acosta aún continúan tras las rejas aunque presionando para obtener la libertad condicional. Los responsables políticos y planificadores de la masacre no solo gozan de impunidad sino que hasta se han reciclado políticamente ocupando cargos de primera línea tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo.

Este 26 de junio en el Puente Pueyrredón, familiares de las víctimas y organizaciones sociales volverán a reclamar el inicio del juicio contra quienes entienden fueron responsables políticos de los asesinatos de Kosteki y Santillán. Sus nombres se siguen imprimiendo en volantes y afiches:

  • –              Eduardo Duhalde, expresidente de la Nación
  • –              Felipe Solá, exgobernador de la provincia de Buenos Aires
  • –              Aníbal Fernández, exsecretario General de la Presidencia
  • –              Juan José Álvarez, exsecretario de Seguridad de la Nación
  • –              Alfredo Atanasoff, exjefe de Gabinete de la Nación
  • –              Luis Genoud, exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
  • –              Jorge Vanossi, exministro de Justicia de la Nación.

*El libro Darío y Maxi, dignidad piquetera fue producido por algunos de los MTD de la “CTD Aníbal Verón”, editado por Editorial El Colectivo y publicado en 2012.

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