El negacionismo es la postura política que niega los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado argentino durante la última dictadura cívico eclesiástica militar. Este discurso busca la impunidad de los represores y toda la cadena de responsables en el genocidio que secuestró, torturó, asesinó y desapareció a 30 mil personas en centros clandestinos de detención robando de manera sistemática niñxs y bebés que fueron entregadxs a las familias de represores.

Esta parte de los herederos de los genocidas intentan buscar la impunidad y cortar la sucesión de juicios contra genocidas que se impulsaron tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (de la UCR alfonsinista) y los indultos (del PJ menemista).

Victoria Villarruel es heredera de genocidas y tomó las riendas del movimiento negacionista formando en 2006 el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). Villaruel figura en los cuadernos de Miguel Etchecolatz como una de los contactos a los que acudía el represor. Ella también iba a visitar a la cárcel a Beto Cozzani, miembro de la patota de Etchecolatz que participó en el secuestro de la nieta de Chicha Mariani, Clara Anahí Mariani, aún desaparecida. 

A través de la manipulación e intentando recurrir a herramientas legales, niegan la verdad histórica sosteniendo la legitimación de la teoría, ya no de los dos demonios, sino de uno sólo de ellos: serían los perseguidos y masacrados los que engendraron la tragedia con su accionar. Desde esta perspectiva se para Victoria Villarruel para exigir “memoria completa” y su lucha por la “verdad”.

Como fue probado en los juicios por la verdad, hubo terrorismo de Estado que ejecutó un plan sistemático para exterminar y disciplinar a la sociedad en su conjunto. Los grupos de tareas, fuerzas del Estado llevaban adelante las detenciones en centros clandestinos de detención. El principal objetivo era el exterminio de la organización de trabajadores y trabajadoras, estudiantes, movimientos sociales y todo aquel espacio que se organizara para luchar por sus derechos. De esta masacre participaron las cúpulas empresariales, brindando información sobre trabajadorxs que estaban sindicalizados y creando centros clandestinos de detención en sus propias fábricas, como Acindar en Villa Constitución; y también fueron parte las cupulas de las iglesias que ocultaron la existencia de estos centros de tortura y también brindaron datos para que los militares desplegaran su plan.

“Envalentonados por el resultado electoral aprovechan para volver sobre esto buscando la impunidad de los genocidas. Es mentira que este acto es para buscar una memoria completa o la verdad” aseguró la diputada Myriam Bregman, candidata a presidenta por el FITu. “La verdad la tienen los amigos de Villarruel, los genocidas tienen la verdad sobre el destino de los 30 mil detenidos desaparecidos, sobre el destino de los jóvenes apropiados en la dictadura. Las acciones de las organizaciones militantes de la época eran públicas, se discutían, hay libros, se hacen balances, lo que es oculto es el accionar del estado porque actuaban en la clandestinidad y porque 40 años de gobiernos constitucionales le han procurado, manteniendo el secreto de los archivos de la dictadura, la impunidad de los militares y civiles que actuaron en la misma así que es completamente falso, ellos nos tienen que decir dónde están” aseguró. 

Al mismo tiempo el negacionismo pone en cuestión el número de desapariciones forzadas como estrategia manipuladora y afirma (sin pruebas ni inventarios) que las guerrillas que actuaron entre los años 60 y 70 del siglo pasado generaron 17.380 víctimas.

En ese sentido, la Carta de Eduardo Luis Duhalde como Secretario de Derechos Humanos de la Nación a Graciela Fernández Meijide en 2009 señalaba: "El único registro fehaciente de la cantidad de víctimas asesinadas, su identidad y destino final solo está en poder de los asesinos. De aquellos que mientras pregonan que su accionar fue "justo y en defensa de la patria" ocultan todo dato, sabiendo que su proceder fue abiertamente criminal."

Vale la pena recordar que en dicha carta se consignaban las variables producto de las cuales la cifra de los 30000 compañeros desaparecidos no es arbitraria:

a) La cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio, en todo el país, que superan el número de 500.

b) Las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los grandes centros de detención y exterminios como la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el Batallón de Tucumán, el Circuito Camps, El Olimpo, El Atlético, etc., ya que ellos solos superan con creces el número actual registrado en la CONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos.

c) La estimación en torno al número proporcional de Habeas Corpus presentados en el país.

d) El número de integrantes de las estructuras militares afectadas a la represión ilegal durante todo el periodo dictatorial que superan los 150 mil hombres, activos a la caza de sus víctimas.

e) Los propios dichos de los militares previo al golpe de Estado, de que sus relevamientos efectuados con anterioridad, desde las escuelas hasta las fábricas, que indicaban en más de 30.000 las personas a eliminar (ver por ejemplo los dichos de un militar en la carta del escritor Haroldo Conti desaparecido el 5 de mayo de 1976, escrita previa al golpe y dirigida a Roberto Fernández Retamar de fecha 02 de enero de 1976).

f) Los informes de la Embajada Norteamericana al Departamento de Estado, haciendo constar que en el año 1978 los jefes de la dictadura argentina informaron a la DINA chilena que las víctimas alcanzaban ya el número de 22.000. Debe recordarse que la dictadura continuó en su labor represiva ilegal de secuestros y asesinatos por cinco años más con posterioridad a ese informe y que aquella cifra de 22.000 correspondía a solo los dos primeros años de la dictadura.

El negacionismo recibió un golpe cuando en 2018 la Cámara Federal de Rosario declaró “improcedente” la reapertura de la causa, impulsada por Larrabure, hijo del subdirector de la Fábrica Militar de Córdoba, muerto en 1975. El Celtyv con la aprobación de un juez logró presentar el recurso pero no pudieron probar que existan las condiciones para constituir un crimen de lesa humanidad, como es que sea parte de un ataque sistemático contra la población civil en el marco de una política de Estado o con apoyo estatal. 

Se entiende por víctimas del terrorismo de Estado a todas aquellas personas que fueron privadas ilegalmente de su libertad, desaparecidas, asesinadas o a las que se les hubiera sustraído su identidad por la acción de agentes del Estado o de quienes hubieran actuado bajo su amparo, en el marco de la aplicación progresiva del plan sistemático de exterminio de hombres y mujeres perseguidos por razones políticas -o en hechos vinculados causalmente con este accionar- entre el 28 de junio de 1966 (golpe de Estado encabezado por el general Juan Carlos Onganía) y el 10 de diciembre de 1983 (final de la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976). Ello incluye tanto a las personas desaparecidas y asesinadas como a aquellas víctimas de detención ilegal que luego recuperaron su libertad, así como a los niños y niñas que fueron apropiados y/o desvinculados forzosamente de sus familias tras el secuestro de sus padres.

Los organismos de Derechos Humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora nunca claudicaron en su búsqueda de memoria, verdad y justicia, exigiendo al Estado la apertura de los archivos de la dictadura. 

¿A qué fines sirve el negacionismo?

Por un lado el negacionismo busca la impunidad de los genocidas pero negando la historia y relativizando sus consecuencias se habilita la posibilidad que actos atroces como estos puedan volver a suceder, ayuda a propagar discursos de odio contra todo aquel que se perciba diferente o contra las ideas que pretenden cambiar este modelo económico para construir una sociedad más libre y sin opresión. 

Frente a esta avanzada contra los derechos y libertades democráticas, la respuesta popular inmediata y organizada es la herramienta fundamental para que estos sectores no avancen, tal como se dió esta semana frente a la Legislatura porteña.