El martes 30 de mayo por la tarde, se aprobó con media sanción de Diputados un proyecto de ley para prohibir la protesta social. No hubo votos negativos, solo 21 abstenciones tibias. El jueves se tratará en la Cámara de Senadores donde reina el oficialismo local. “Esta ley es aún peor que el decreto 91-23 que prohibía los cortes de calles, por eso esto cambió el panorama de cómo viene el asunto, vamos a participar de una marcha provincial y haremos una vigilia para el jueves para impedir que se sancione la ley” expresó Lourdes Cholque, de la regional del FOL Salta. 

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia como espacio unitario e independiente de todo gobierno, integrado por decenas de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas, denunciaron la medida como una "ofensiva represiva de los gobernantes que, al servicio de hacer pasar el ajuste del FMI, en vez de satisfacer las legítimas demandas populares responden con represión y persecución". Asimismo, reafirmaron su solidaridad con el pueblo trabajador de Salta y sus luchas.

Las madres de alumnos de la Escuela de Educación Especial se sumaron a la protesta docente en la ruta. Gracias al paro se visibilizó que hace más de tres semanas que está tomada la escuela de Educación Especial por parte de padres de la institución por las malas condiciones edilicias a la que acuden los chicos con discapacidades. También se difundió que el hospital San Francisco de la capital que se ocupa de la población 247 mil salteños de la zona sur este, no cuenta con pediatra de guardia.

El paro total en las escuelas de Salta y la marcha que realizan hoy tiene su antecedente el 29 de mayo cuando docentes junto a trabajadorxs de salud y la comunidad ocuparon 30 cuadras repletas unidas en el grito y el reclamo por la recomposición salarial. Lxs trabajadorxs autoconvocadxs exigen desde febrero un salario igual a la canasta básica total de $350 mil y cláusula gatillo, el haber jubilatorio del 82% móvil, así como condiciones edilicias y presupuesto en defensa de la educación y la salud pública. La respuesta que recibieron del gobierno de Gustavo Sáez fue la violencia, como lo hizo en la represión de 2021.

Además se sumó la exigencia para que se caigan las causas judiciales que pesan sobre 19 docentes que fueron detenidxs en la movilización del 25 de mayo. Ese día lxs docentes hicieron un acto conmemorando la fecha patria al costado de la ruta nacional a la altura del ex peaje aunor y pidiendo volver a las aulas con sueldos dignos. La represión fue instantánea y quedó registrada por lo cual volvió a quedar en evidencia la falta de diálogo del gobierno. Mientras, el gobernador Gustavo Sáenz visitaba los programas de televisión anunciando que iba a descontar los días de paro y que los docentes tienen los mejores sueldos del país.

Manuel Espíndola es integrante del Frente por los Trabajadores de la Salud conversó con el programa radial Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Explicó que en medio de la represión y criminalización que sufren, les ofrecieron un aumento del 34% escalonado en 4 meses. “Nos come la inflación. Y ese aumento es con base a diciembre del 2022. Imagínense en 2022 el kilo de azúcar valió $100, hoy vale 500. La inflación se lo comió todo, no nos sirve. El 69% de aumento, de qué nos sirve si el porcentaje no se refleja en la realidad del bolsillo del trabajador. No nos convoca a nosotros”. Lxs autoconvocadxs rechazaron la oferta salarial que recibieron por parte del ministro de Gobierno Villada, el de Educación Cánepa y el de Economía Dib Ashur por ser una burla.  El ministro de salud, Federico Alejandro Javier Mangione ni siquiera estuvo presente.