domingo 08 de diciembre de 2019 - Edición Nº675
Frente de Organizaciones en Lucha » Regionales » 31 jul 2019

Doctrina Bullrich

La Campaña Migrar no es Delito intenta poner un freno a las políticas xenofóbicas del gobierno

Integrantes de la Campaña se reunieron con representantes de la Dirección Nacional de Migraciones para exigir que paren las políticas de exclusión, persecución y expulsión a personas migrantes.


El pasado viernes se llevó a cabo una mesa de diálogo entre la Campaña Migrar no es Delito y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), en donde se trataron siete puntos para mejorar la situación del colectivo migrante, entre ellas facilitar los trámites para obtener el DNI e impedir la implementación del DNU 70/2017. Si bien desde la DNM se comprometieron a mejorar el acceso a la información en los barrios, los puntos más conflictivos siguieron sin ser tratados.

El DNU 70/2017, sancionado por Mauricio Macri en enero de 2017, establece que cualquier persona extranjera que haya cometido un delito (de cualquier tipo) puede ser deportada, además de aquellas que cometan faltas en el proceso administrativo.  De este modo las personas que estén denunciadas penalmente o hayan olvidado entregar un trámite a Migraciones clasifican para ser expulsadas de manera “exprés”, sin apelar al lazo familiar.

Un caso emblemático que ejemplifica la violación de derechos  que supone el DNU es el de Vanessa Gómez, quien fue separada de sus dos hijos menores al ser deportada a Perú por haber cumplido condena entre 2013 y 2017. La mujer fue trasladada a una comisaría bajo la excusa de que “tenía que firmar un papel”, y allí fue detenida junto a su bebé en una celda sin luz y agua, para más tarde ser deportada sin poder despedir a sus otros hijos. Desde la Campaña exigieron en la mesa que se otorgue una solución, sin embargo argumentaron que el caso está exclusivamente en manos de la justicia.

Desde la DNM también reconocieron que aunque estén violando los Derechos Humanos Internacionales, ellos “hacen lo que la administración les demanda”.  Marisa es integrante del FOL y participó de las reuniones en defensa de los derechos de los migrantes, en donde cuestionó las declaraciones oficiales. “Se propuso hacer una nueva movilización, desde el gobierno nos dicen que desde que está el DNU ‘solamente’ expulsaron a dos mil personas, y que entregaron 70.000 DNI a extranjeros, lo cual es totalmente falso”, afirmó.

Desde que se comenzó a implementar el DNU, las expulsiones se realizan de manera más frecuente y más rápida. “Si yo hago una denuncia, la causa se queda estancada y no avanza, y la persona que yo denuncié tampoco se molesta en averiguar si es así, la justicia lo toma como que es una falta y le arma una causa por incumplimiento”, explicó Marisa.  El agravante es que se puede expulsar a personas sin condena firme, o sin siquiera pruebas de que haya cometido un delito. Además, las personas denunciadas por participar de movilizaciones o por llevar a cabo la venta callejera también corren este riesgo.

La Campaña Migrar no es Delito también rechazó el sistema Radex por considerarlo excluyente. El mismo consiste en un trámite virtual para conseguir el DNI argentino el cual tiene un proceso burocrático y de complejidad para las personas que no lo conocen, que no tienen acceso a internet o que hablan en otro idioma. Desde la DNM propusieron realizar talleres informativos en los barrios, sin embargo, esto no solucionaría el problema estructural del sistema.

Si bien los avances en la mesa de negociación fueron pocos, desde la Campaña apelarán a la presión social mediante movilizaciones y al llamado de organismos internacionales que se solidaricen con la grave situación migratoria que se está viviendo en Argentina.  “Seguiremos en alerta hasta frenar la separación de familias migrante y conseguir la anulación del DNU 70”, manifestaron en un comunicado.

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