lunes 20 de mayo de 2019 - Edición Nº473
Frente de Organizaciones en Lucha » Género » 27 feb 2019

Maternidad forzada

El gobierno y la iglesia: los responsables de la tortura a Lucia

Obligaron a parir a una nena de 11 años que fue violada por el novio de su abuela en Tucumán. La victima solicitó reiteradas veces un aborto no punible.


El Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA) de Tucumán emitió un comunicado en donde afirmó que la niña de 11 años violada por el novio de su abuela, sería sometida a una cesárea con el fin de “salvar las dos vidas”. Lucía, nombre ficticio que le dieron para preservar su identidad, había manifestado en al menos cuatro ocasiones previas a profesionales de la salud que no quería continuar con el embarazo.

Esta medida implica una clara violación a los derechos de los niños y niñas ya que se desoyó la voluntad de la víctima y no se cumplió con el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo vigente en el Código Penal.

Una médica de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, quien pidió que se reserve su identidad, expresó “sin lugar a dudas la salud en su concepción más integral, que es la establecida por la OMS, se ve  afectada por la imposición de un embarazo a una edad física y mental en las que no se está preparada ni se cuentan con todas las herramientas para afrontar semejante suceso. Menos si además el embarazo es producto de una violación.

La situación de Lucia se conoció hace más de un mes, cuando la familia pidió que se aplicara el ILE, pero tanto el Ministerio de Salud, como los médicos, la iglesia y el gobierno tucumano se encargaron de dilatar el procedimiento para que cada vez sea más complicado interrumpir el embarazo forzado de la niña.

Una vez en el quirófano todos los médicos se declararon objetores de consciencia, hasta el anestesista, por lo que la intervención la realizó la médica Ousset junto a su marido, lo cual implicaba un gran riesgo de vida para la niña. La interrupción se podría haber realizado previamente en menos de 48 hs y sin riesgos para Lucia.

Ahora corre peligro también la vida del bebé, por lo que el argumento del sector antiderechos de “salvar las dos vidas” se desploma de manera rotunda. Lo que sucedió en esta situación es un claro caso de tortura hacia una niña a la que nunca se escuchó ni respeto, y a la que se la expuso frente a toda la sociedad volviendo a vulnerar su derecho a la intimidad.

Recientemente Tucumán se pronunció como una provincia “provida” y el año pasado se presentó un proyecto de ley con una fuerte adhesión de los legisladores para retroceder 100 años en materia de derechos y prohibir también los abortos por causal de violación. Además, es la única provincia del país que no ha adherido a la ley 25.673, de Salud Reproductiva y distribución de anticonceptivos, ni implementa la Educación Sexual Integral en las escuelas.

“La corporación eclesiástica es parte del sistema de salud, imponiéndose las creencias de un sector social muy reaccionario a todas las personas mediante políticas públicas violatorias de los derechos más básicos. No es casual que en cada centro de salud u hospital haya curas dando misa cada día o que se haya invertido en capillas dentro de los hospitales. Por otra parte el control sobre el cuerpo, proyectos de vida y salud de las personas con capacidad de gestar se evidencia cuando a las compañeras de los barrios les cuesta acceder a los métodos anticonceptivos, sobre todo a ligaduras turbarías o DIU” expresó la misma médica.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto emitió un comunicado en el cual exigen la “renuncia inmediata de los responsables que han torturado a una menor sin ningún tipo de escrúpulos: Gustavoa Vigliocco (Secretario ejecutivo médico del SIPROSA) , Rossana Chahla (Ministra de salud pública de la provincia), Juan Manzur (gobernador de Tucumán), Elizabeth Avila (medica pediatra de neonatología del hospital Eva Perón), Washington Navarro Davila (Ministro de defensa).”

 

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