Desde 2015 el gobierno nacional está a la cabeza de políticas xenófobas que perpetuán la discriminación y el odio hacia los migrantes de países latinoamericanos. Luego de que Mauricio Macri firmara el decreto 70/2017, que permite la detención y deportación express para aquellos extranjeros que hayan cometido delitos, se puso la lupa sobre este grupo.

Vanessa Gómez, oriunda de Perú, fue deportada luego de residir más de 15 años en el país. Según la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) el proceso se llevó a cabo ya que Vanessa había estado presa durante cuatro años por la venta de estupefacientes. En 2014 se le concedió la libertad por buena conducta, y logró reinsertarse en la sociedad estudiando una tecnicatura en enfermería, de la que se recibió y ejerció para poder mantener a sus tres hijos.

La deportación de Vanessa se realizó de manera violenta. Policías de la fuerza bonaerense la fueron a buscar a su casa de Villa Lugano bajo la excusa de que debía firmar unos papeles en la comisaría. Ella pidió llevar a su hijo de 2 años, mientras que dejó a los otros dos en su casa. Una vez en la comisaría la encerraron en una cárcel sin agua y sin luz, y luego la subieron a un avión con su hijo, sin más que la ropa que tenía puesta.

Además de ser expulsada, Vanessa tiene prohibido entrar al país por ocho años. Por lo que ahora, sus hijos de 5 y 14 años se encuentran huérfanos, y el pequeño que es ciudadano argentino fue expulsado del país junto a su madre. Esto representa una grave violación de los derechos del/la migrante y de los derechos del niño, según los tratados internacionales de jerarquía constitucional. La defensa trató de apelar a ellos, pero desde la DNM fueron ignorados.

 Dentro de Migraciones, existe una lista con más de 1000 migrantes con antecedentes que podrían llegar a ser deportados próximamente, acelerando los procesos de expulsión del país. El discurso de Cambiemos busca, además, perpetuar los estereotipos al afirmar que más del 20% de los presos del país son inmigrantes, cuando en realidad eso sucede solo en las cárceles federales, y el total de población carcelaria extranjera en Argentina es del 6%.

El sábado 9 de febrero la Campaña Migrar No es Delito se reunirá en una asamblea extraordinaria para definir líneas de acción sobre los avasallamientos del gobierno hacia el colectivo migrante. Se discutirán además la aprobación del cobro de salud en Jujuy y las políticas migratorias de Chubut.