Los hechos que pusieron hace unas semanas al barrio Costanera (Tucumán) en la primera plana de los medios locales tras los casos de abuso sexual por parte del docente Sebastián Correa Paz en la escuela primaria, parecen sacados de un cuento de terror. Los increíbles detalles en las causas judiciales y una nueva estigmatización para el barrio.

 El acceso a la justicia para familias de barrios populares siempre es difícil. Las cuatro familias cuyas niñas asisten a la escuela primaria de Costanera y sufrieron abuso por parte del docente Sebastián Correa Paz pueden dar cuenta de esto. Según el informe policial incorporado a la causa judicial, todo lo que pasó el viernes 9 de noviembre se originó al mantener al docente dentro de la escuela, hacia donde se dirigió la bronca del barrio. Dos horas tardaron en trasladarlo de la escuela a su lugar de detención, y eso luego de que lo vistieran como policía, según ellos mismos reconocen.

El barrio reaccionó, concentrándose en la escuela. Y la policía también: el grupo CERO, el 911, el GOMT, el SIE 911, la Guardia Urbana y el personal de la Comisaría 11º, a la cual luego se sumó parte del personal de bomberos. Es llamativo que, dentro de las precisiones que se derivan de otras circunstancias, hay algunos hechos que no quedan claros.

Sobre los destrozos en la escuela, nadie puntualizó al respecto. Qué se rompió, en qué circunstancias, quién lo hizo, cuando… Pareciera que alcanza con decir “daños”, un genérico muy efectivo y efectista cuando se trata de acusar al pobrerío. “La escuela quedó totalmente destruida” también se afirmó en los medios masivos locales, siendo que aunque se dañaron vidrios del sector de la dirección, el establecimiento no tuvo otros daños.

¿Cuáles son los daños reflejados en la causa judicial? El auto de Correa, un Renault Megane verde. Solamente ese. De hecho, Correa figura en la causa como imputado por abuso y amenazas de muerte, pero también como víctima de daños (por el auto) y de amenazas de muerte (cuando llegaron las familias).

¿Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN?

A excepción de unas pocas actitudes y declaraciones, la mayoría de los funcionarios y trabajadores del Ministerio de Educación tuvieron comportamientos lamentables. Hicieron hincapié en los supuestos daños, aunque sin mencionar ninguno en particular.

Reflexiones del tipo “la policía hizo lo posible por apaciguar”, “los padres llegaron con intención de agredir a los docentes” o “ya haremos la denuncia”, son algunas de las declaraciones registradas en la causa judicial que muestran una total falta de compromiso con las afectadas y sus familias, con la comunidad educativa y con la educación en general. Se ocuparon más de cuidar su persona que del hecho que detonó la presencia de los vecinos en la escuela.

Los padres no llegaron con ánimos de agredir a “los docentes”, como señala una docente en la declaración judicial. La utilización del plural no es casual: se trata de una forma de no hacer eje en lo verdaderamente importante, y desligar su responsabilidad en tanto docente.

Tampoco es feliz el comentario de otra de ellas, quien “llamó al SASE y al GPA”: nos consta que el primero no recibió ninguna llamada, y que el segundo no actuó. En cualquier caso, su función como supervisora hubiera sido la de seguir de cerca un caso gravísimo como el que había ocurrido. De hecho, el SASE no intervino sino a partir de nuestra insistencia como Frente de Organizaciones en Lucha, en tanto organización social que intentamos acompañar la realidad de los vecinos.

Pero aún peor fue la desidia de otra de ellas: de su declaración se desprende una falta de respeto y de compromiso para con la comunidad de la escuela total. Su declaración fue en el sentido de “cubrirse”, y tampoco le importa el destino de las niñas, ya que “ya harán la denuncia”.

Nunca, ni de la escuela, ni de supervisión de primario o de educación musical se comunicaron con las familias afectadas, siquiera para preguntar cómo se encontraban. Pareciera que lo único que importa es que termine el ciclo lectivo y que se olvide el problema, o que se termine de resolver en otro lado.

Ni siquiera el ministro, que se acercó a la escuela el día de los incidentes para “mostrar su solidaridad con los afectados” (no queda claro a quién se refiere, ni tampoco lo menciona la página del Ministerio de Educación) fue a presentarse como denunciante del abusador, siendo que era empleado de su repartición al momento de los hechos.

Al Ministerio, en tanto institución que debería ocuparse de la comunidad educativa en general, no le importan seis niñas que fueron víctimas de abuso por parte de un trabajador de su área. Quizás sea porque son pobres, o porque viven en una zona marginal estigmatizada por todos, o sencillamente porque no les importa. El Ministerio de Educación solo figura en el expediente como víctima por los daños, que aún no logramos determinar.

LA POLICÍA

Es lógico que el barrio no confíe en la policía ni en la justicia. El odio que le tienen los uniformados a los barrios populares es brutal. Y la gente lo sabe.

“Intentamos evitar la aproximación de los rebeldes”, “se atrevieron a enfrentarnos”, son algunas de las declaraciones de los policías en sede judicial. Para los uniformados es inaceptable que el barrio se organice, tome la iniciativa, tenga bronca. Y es peor aún que no les tengan miedo, que se atrevan a enfrentarlos.

La persecución que se produjo luego de los incidentes dentro de la escuela dan cuenta de ello. Lo que declaran es que disparan con balas de goma y que “persiguen”. No se sabe ni a quién, ni por qué. Lo que no declaran es que ingresaron impunemente a domicilios particulares, ni que dejaron agujeros en los techos del barrio por los disparos efectuados.

Sabemos lo que habitualmente cuentan en las calles del barrio: que la policía cobra peaje, que organiza a los transas, que regentea a los pibes para que salgan a robar. Y que los odian. Que cada vez que pueden los golpean, los encierran, los matan. En este caso, la policía también figura en la causa. Se presenta como víctima de “atentado, resistencia a la autoridad y lesiones”.

EL BARRIO EN LOS MEDIOS

Por si algo le faltaba a un barrio estigmatizado y perseguido, el rol de todos los sectores dentro de este hecho fue lamentable.  Hasta el momento no hablamos de la cobertura de prensa, que hizo todo lo posible para fogonear que los uniformados arremetieran con todo su poder de fuego.

“Batalla campal”, titulaba la prensa cuando se producían los hechos, apenas mencionando los abusos. Nada dijeron de los abusos policiales, ni los que se producen a diario, ni los que se produjeron ese día.

La Costanera sólo es mencionada como un espacio en el cual encontramos delincuencia y drogas. Las últimas diez notas de La Gaceta, por citar un ejemplo, solo hablan despectivamente del barrio. En ninguna hacen mención a las necesidades que pasan sus habitantes, ni qué clase de trabajos pueden conseguir, ni que estén expuestos a las mismas mafias de delincuencias y drogas que cualquiera. Tampoco por supuesto de las iniciativas positivas, de las cooperativas en donde nos organizamos por trabajo, de los merenderos que se multiplican en el barrio para contener el hambre, ni de la lucha contra las adicciones que muchos jóvenes emprenden, casi sin ningún acompañamiento estatal.

Parece ser más cómodo para muchos decir que La Costanera es un lugar peligroso lleno de gente que roba para drogarse.  Para nosotros es más útil entender otra realidad, bastante más compleja, que no pone el eje en quienes sufren la pobreza sino en quienes la producen.

Exigimos justicia para las víctimas de abuso sexual en la Escuela Primaria de Costanera

Exigimos asistencia estatal a las víctimas y sus familias, ya que el estado provincial no se está haciendo cargo de acompañarlas