Los últimos días de noviembre se llevará a cabo en Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires, la cumbre del G20. A esta reunión asistirán los presidentes de algunos de los países más poderosos del mundo, entre los que se encuentra Donald Trump (EE.UU), Vladimir Putin (Rusia), Emmanuel Macron (Francia), Ángela Merkel (Alemania), Theresa May (Inglaterra), y Xi Jinping (China).

Hace algunos días, diversos medios publicaron placas en las que evidenciaban cuales eran las organizaciones más vigiladas por ser consideradas peligrosas para la realización del evento. Entre las que se destacaban todo el sector piquetero: FOL, Movimiento Evita, CTEP, y Frente Popular Darío Santillán.

No es casual que sean los movimientos sociales los más apuntados por el PRO, ya que en los últimos años estos espacios han demostrado tener gran dinamismo político y capacidad de convocatoria, llevando adelante masivas movilizaciones en reclamo de derechos básicos como trabajo, educación, vivienda, salud y comida.

Por lo cual, en las filas del Macrismo hay una gran preocupación por evitar disturbios y poder mostrar una imagen positiva del país, para alcanzar los acuerdos económicos que le permitan cumplir con las metas del FMI y profundizar el ajuste.

Para tal fin, el gobierno preparo un arsenal de medidas de seguridad de gran envergadura y profundizó la persecución política hacia las organizaciones sociales. Los datos arrojan que se compraron 2 mil proyectiles de gases lacrimógenos, 6 mil vallas de contención, 15 millones de balas de goma, 2 millones de balas 9 mm, 5 mil precintos plásticos de seguridad que se utilizan a modo de esposas para detenidos, y cascos, escudos, y bastones. En total se gastaron 100 millones de pesos.

Además habrá 20 mil efectivos pertenecientes a la Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, Policía aeroportuaria, Policía Bonaerense y policía de la Ciudad custodiando el lugar. A la vez que los aeropuertos cercanos permanecerán cerrados, habrá vigilancia aérea y también se cuenta con la supervisión de agentes de servicios extranjeros.

Todo esto apunta a contener y controlar el gran descontento y repudio que provoca la Cumbre, ya que la misma lejos de solucionar los problemas globales del común de la sociedad promueve políticas desiguales entre los países, una mayor dependencia de los más pobres hacía los más poderosos y el consecuente enriquecimiento de los sectores más concentrados de poder.

La persecución y la criminalización de los movimientos sociales, sin embargo, viene desde el inicio del gobierno macrista, aunque ahora se ve acentuada. A principios del 2018 la iniciativa para desarticular la organización de estos sectores fue transformar el programa de empleo Argentina Trabaja en un plan de estudios llamado Hacemos Futuro.

Con el mismo el gobierno pretendía que la gente no estuviera vinculada directamente a las obras que llevaban adelante las organizaciones y que resolvieran donde irían a estudiar de manera individualizada. Luego avanzaron con el armado de causas y detenciones arbitrarias a referentes por su participación en jornadas de protesta álgidas como la del 18 de diciembre contra la reforma previsional.

Recientemente iniciaron una campaña de desprestigio y criminalización, con denuncias por extorsión a representantes de distintos movimientos, sobre todo en la ciudad de La Plata. A su vez, también en algunas localidades impulsaron el endurecimiento de códigos de “convivencia” o de las contravenciones, que hasta pretenden que haya que pedir un permiso para realizar una movilización. Tal es el caso de La Plata y Mendoza.

También cabe recordar el famoso protocolo antipiquetes, que si bien en muchos casos no pudo ser implementado por la masividad de las movilizaciones, en los últimos tiempos han tensionado diversas marchas y han endurecido las medidas represivas.

Por último, se conoció que el gobierno lleva adelante una medida para quitarles la habilitación a micros escolares que transporten manifestantes a las marchas a la vez que podrían sacarle la licencia a los choferes.