La semana pasada el barrio La Sexta sufrió represión policial con gas lacrimógeno y balas de goma para el desalojo de las seis viviendas que resisten en el barrio. El resto de los vecinos abandonaron el barrio con plata o un alquiler pago por un año, y la promesa de una vivienda propia en el mismo terreno. Sin embargo, la agrupación de vecinos La Sexta Resiste denuncia que se trata de un megaproyecto inmobiliario para construir torres por la especulación inmobiliaria.

Según Virginia, integrante de La Sexta Resiste, esto ya ocurrió previamente con la zona norte que bordea el rio en donde también se desalojó. Además, la medida fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante de Rosario, y a pesar de que quienes residen en el barrio cuentan con un amparo judicial que sigue vigente y por la Ley de Tierras Populares que garantiza que el Estado deberá expropiar las tierras ocupadas e indemnizar a los propietarios para evitar los desalojos a familias de barrios vulnerables.

El Barrio La Sexta está en la mira ya que debido a la expansión de la ciudad ha quedado en una zona céntrica y es uno de los barrios populares de la ciudad con más años, incluso desde antes de la creación de la ciudad como tal.  Para el gobierno municipal, los barrios populares son “villas” como vulgarmente los llaman o “puntos rojos” en una ciudad que quiere fomentar el turismo.

Lo que lleva a los amparistas a movilizarse y resistir las presiones y ataques de la provincia para abandonar sus casas, es el hecho de que en los predios que ya fueron desalojados no se comenzó con las obras que supuestamente durarían un año. Es decir que las obras llevan paralizadas ya 4 meses, en los predios todavía no se construyeron los cimientos y la construcción de 114 viviendas sociales en 8 meses, y de las que no se entregó titulo propietario, comienza a parecer un tanto irreal.

Además, el proyecto de Presupuesto 2019 que se votará en la Cámara de Senadores este 14 de noviembre recortará los fondos en varios aspectos, como por ejemplo un 11% en la cartera de Obras Públicas y Viviendas para lograr que las provincias tengan déficit cero, mientras que los fondos destinados a deuda pública aumentarán en un 82% ya que los intereses incrementaron la deuda a un 87% del PBI de este año.  

Mientras la crisis social y económica va en ascenso,  las respuestas del gobierno municipal y provincial son represión y desalojos para garantizarle beneficios a las grandes empresas.  INDEC reveló que en el primer trimestre de este año Rosario fue la ciudad con más tasa de indigencia del país y con un 26,8% de la población en situación de pobreza.