El próximo lunes a las 10 de la mañana cooperativas nucleadas en distintos movimientos sociales de La Plata, movilizarán desde Plaza San Martin hasta las inmediaciones del palacio comunal para reclamar por aumento salarial de emergencia y nuevos puestos de trabajo.

Cobran un salario de 5.800 pesos por realizar trabajos de zanjeo, limpieza de calles y veredas, huertas, recolección de residuos orgánicos y herrería. Ese monto se encuentra muy por debajo del nivel de inflación que a fin de año se ubicará en 45%, mientras que para la canasta básica familiar se necesitan más de 20 mil pesos.

Además miembros del Frente de Organizaciones en Lucha denuncian que el Municipio no les garantiza la ropa de trabajo y herramientas necesarias, exponiendo a las trabajadoras y trabajadores a mayores condiciones de precarización laboral, y a sufrir heridas o infecciones por manipular la basura sin el equipamiento adecuado.

A su vez, el contrato de las cooperativas con la Municipalidad debe ser renovado cada 6 meses, por lo cual cada vez que se acerca la fecha reina le incertidumbre acerca de cómo procederá el gobierno de Garro, y las fechas de pago se terminan atrasando por trámites burocráticos.

A mitad de año, los movimientos protagonizaron la escena política de la ciudad realizando diversos cortes en los accesos a la ciudad y también un acampe de varios días bajo la lluvia. Pese a esto, la respuesta fue el aumento de un ínfimo 8% en tres cuotas, mientras que a lo largo del año sumaron un incremento del 19%.

Con respecto a la demanda de nuevos puestos de trabajo hubo una negativa rotunda, siendo que en el segundo trimestre del año se registró que en La Plata hay alrededor de 76 mil personas desempleadas o subocupadas, y la pobreza ascendió a un 28,1%. Esa cifra se ve reflejada en el aumento de la cantidad de personas que asisten a los comedores barriales para llevar un plato de comida a sus casas o en búsqueda de un puesto laboral.

Otra de las fuertes pujas a lo largo de este 2018 fue por el pedido de que las cooperativas pudieran realizar obras públicas y de mantenimiento en escuelas. Esto también varias movilizaciones y reuniones hasta poder ser concretado y al finalizar la Municipalidad presentó una denuncia penal argumentando extorsión por parte de los movimientos que llevaban adelante el pedido, pero la justicia no le dio curso.

Cabe recordar además, que el año pasado mientras mantenían el reclamo por aumento salarial, funcionarios procedieron denunciando penalmente por intimidación pública y coacción a varios referentes. Al respecto la justicia dictaminó en primera instancia la nulidad de la acusación y las organizaciones denunciaron en distintos comunicados que “la única respuesta del gobierno ante el hambre y la desocupación de miles de familias, es la persecución política y la criminalización”.