El 12 de octubre de 2009, Javier Chocobar fue asesinado en una balacera perpetrada por el empresario Darío Amín y los ex policías Luis Gómez y José Valdivieso. El hecho sucedió mientras el comunero y su comunidad estaban teniendo una asamblea para evaluar estrategias para defender su territorio de Amín.  En la balacera también resultaron heridos de gravedad Emilio Mamaní y Andres Mamaní.

En el día de ayer los tribunales tucumanos dieron a conocer la sentencia de este caso que debió ser evaluado a juicio hace más de cinco años. Los jueces Wendy Kassar, Emilio Paez de la Torre y Gustavo Romagnolli encontraron culpables a los sospechosos y los sentenciaron con penas de 22  años para Amín, 18 para Gómez y 10 para Valdivieso. Hasta que la sentencia quede firme deberán cumplir con prisión preventiva.

La familia de Chocobar fue acompañada por la mesa “Justicia por Javier Chocobar”,  organizaciones sociales, y otras comunidades de pueblos originarios. Santiago es militante del FOL en Tucumán y estuvo acompañando junto a la organización a los familiares del cacique, quienes agradecieron la presencia y el acompañamiento de la misma, y a su vez conocieron el trabajo que se realiza en la cooperativa de Herrería dentro del barrio Costanera.

La lectura de la sentencia se realizará dentro de dos semanas, allí se leerán los fundamentos y la querella, que inicialmente había pedido cadena perpetua para los tres acusados, podrá evaluar si apelar a una nueva condena o no. Además los acusados fueron embargados en 2 millones de pesos y deberán pagar una demanda civil de Emilio Mamaní por $509.160 y de Andres Mamaní por $847.550.

Mientras tanto, en estos últimos nueve años los medios tucumanos han presentado el asesinato del líder indígena como un enfrentamiento entre dos bandos. La comunidad ya había denunciado el año previo a la familia Chiarello, terratenientes que extorsionaron a la comunidad para abandonar la zona y en donde se les había otorgado una medida de protección judicial que quedó sin efecto luego de que Darío Amín recurriera a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Este es un hecho importante ya que actualmente el gobierno busca criminalizar a las comunidades ancestrales, posicionándolos como enemigos públicos en los medios y acusándolos de terroristas, como es el caso de Facundo Jones Huala, lonko de una comunidad mapuche quien sigue detenido pese a no tener condena firme.

Las comunidades ancestrales están amparadas por la ley nacional 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas. La misma se sancionó en 2006 y fue prorrogada dos veces, evitando así el desalojo de más de 600 mil personas descendientes de pueblos originarios.  Una nueva prórroga deberá ser votada nuevamente en 2020.