El anteproyecto presentado por el intendente en el Concejo Deliberante consiste de 244 artículos que buscan poner altísimas sanciones para quienes se abstengan de cumplirlo. Entre ellos, los más polémicos son los que buscan eliminar el trabajo de los cartoneros, los que ponen en peligro a las trans y travestis de la ciudad y en donde se criminaliza la protesta con penas de hasta 30 días.

En el artículo 116 del Código de Convivencia se establece que será multado todo aquel que recolecte, almacene o venda residuos, mientras que el artículo 217 dispone la prohibición del uso de vehículos de tracción a sangre. La Plata es una ciudad con un porcentaje de desempleo del 7,8% y que registró un aumento en los últimos meses, lo cual implicaría no sólo quitarle su fuente de trabajo a quienes salen a cartonear, sino además perseguirlos y penarlos con montos que ascienden los 250 mil pesos y podrían incluir entre 5 y 30 días de cárcel.

En cuanto a las movilizaciones, se disponen varios puntos que irían en contra de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y tránsito. En primer lugar se dispone multar a aquellas organizaciones gremiales, civiles, políticas o no gubernamentales que quemen gomas en la calle. Y por otro lado, quienes quieran ejercer el derecho a la protesta deberán pedir con anticipación de 48 hs un permiso a la municipalidad, de lo contrario las multas podrían llegar a los 173 mil pesos, incluyendo la posibilidad de arresto por al menos 30 días de los manifestantes.

Para los manteros, o todo aquel que venda sus productos en la vía pública, los artículos 180 y 181 establecen penas de hasta 346 mil pesos, cada vez son más los migrantes que acceden a este recurso para poder subsistir, por ejemplo, en las ferias barriales que se organizan o en frente a la misma municipalidad. Por otro lado, también se multará con un valor similar a los “limpiavidrios”, en su mayoría pibes menores de edad.

Por último, para las trans y travestis que ofrezcan “servicios sexuales” en el espacio público se disponen multas que llegan a los 178 mil pesos y hasta 15 días de cárcel. Esto criminaliza a las trabajadoras de la “zona roja” que ya son hostigadas por los procedimientos policiales a diario.

En un contexto económico de fuerte recesión y altos niveles de desempleo, son muchos los que deben trabajar de manera informal para poder subsistir. En la ciudad alrededor de 78.000 personas se encuentran desocupadas, siendo las personas trans y travestis las más afectadas ya que el 98% de ellas no cuenta con un trabajo formal. Ni la municipalidad de Garro, ni el gobierno de María Eugenia Vidal ofrecen alternativas económicas para las personas que se verían afectadas por la medida.

En caso de aprobarse el Código también implicaría una mayor vigilancia para los ciudadanos. Se contrataría a más personal de inspección, así como se aplicaría la instalación de cámaras para fotomultas sin señalizar y grúas para acarreo.