La tercera marcha nacional contra los travesticidios y transfemicidios que se convoca para hoy a las 18 hs se dirigirá hacia la Plaza de Mayo para denunciar la violencia y la discriminación que sufren las travas. Las principales consignas de la movilización son el reclamo de la Ley de cupo laboral trans, ley de reparación por violencia institucional, la derogación de los códigos contravencionales y la legalización del aborto.

El promedio de vida de las personas trans es de aproximadamente 35 años, y esto se debe a diversas causas las cuales están todas atravesadas por la violencia extrema. La muerte por enfermedades evitables debido a la dificultad de acceder a atención médica; la pobreza, la marginación y a la dificultad para conseguir trabajo, mientras que la prostitución se transforma en casi la única alternativa; las expulsiones tempranas del hogar; y los crímenes de odio cometidos por una sociedad que las violenta de forma permanente y las asesina por ser travas.

“La importancia de salir hoy a la calle en contra de los travesticidios radica en que dada la avanzada del movimiento de mujeres, feminista y disidente, estamos en condiciones de dar la lucha por las travas, visibilizarlas y poner en agenda sus problemáticas y necesidades” expresó Damaris, integrante de Tortas de Barrio espacio que agrupa a las identidades disidentes dentro del Frente de Organizaciones en Lucha, y que hoy participará de la marcha. “Es el momento de que la gente se escandalice de la misma manera si matan a una mujer que si matan a una travesti” agregó.

El reciente fallo por el travesticidio de Diana Sacayan que condenó a Gabriel Marino a cadena perpetua por cometer un crimen de odio, es un paso histórico que sienta un precedente muy importante y que dio un nuevo impulso a la lucha del movimiento LGBT. Pero a pesar de eso aún son muchos los casos que continúan impunes.

Casos emblemáticos

El más reciente es el caso de Joe Lemonge, un joven entrerriano que fue condenado en primera instancia a más de 5 años de prisión por tentativa de homicidio. Pero esta sentencia esconde e invisibiliza que el joven actuó en legítima defensa ante las amenazas de su agresor.

El hecho sucedió en el 2016, cuando una noche Juan Emmanuel Gimenez junto a otras dos personas se presentaron en la casa de Joe queriendo ingresar en la misma y amenazándolo de muerte. En el forcejo, Joe intentó defenderse y le disparo en el cuello, pero el agresor sobrevivió.

Joe volvió a su casa porque la justicia le otorgó la prisión domiciliaria. Días después las mismas personas incendiaron su vivienda ocasionándole la pérdida total de todos sus bienes materiales y poniendo nuevamente en riesgo su vida. A pesar de esto, y del constante hostigamiento denunciado por Joe, la justicia se encargó de culpabilizarlo de manera permanente, nunca lo reconoció como víctima y tampoco se tuvo en cuenta su identidad de género, tratándolo siempre en femenino.

A raíz de esto, diversas organizaciones sociales, feministas y disidentes comenzaron a difundir el caso  y a exigir justicia, visibilizando el maltrato y la vulneración de derechos llevado adelante por la justicia. Hasta el momento Joe se encuentra aguardando una sentencia fuera de prisión y cuenta con el apoyo de diversos colectivos.