El 19 de abril de 2018, el juez de garantías Fernando Jorge Mateos dictó el sobreseimiento de nuestro compañero Nicolás Salas, quien había sido acusado del delito de coacción tras una movilización realizada el año pasado por el frente de lucha compuesto por el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, la Corriente Surcos e Izquierda Latinoamericana, entre otras organizaciones.
La causa fue iniciada por el subsecretario de seguridad Dr. Fernando Padován el día 11 de julio de 2017, luego de una manifestación frente a la Municipalidad para reclamar aumento de sueldo para las trabajadoras cooperativistas, nuevos puestos de trabajo y obras públicas en los barrios más postergados. 
Ante la continuidad de la movilización y el repudio a la judicialización y criminalización de la protesta, el día 13 de julio los funcionarios decidieron avanzar en la denuncia y señalar directamente a nuestro compañero como autor del delito de coacción (que establece penas de dos a cuatro años de prisión para quien “hiciera uso de amenazas con el propósito de obligar a alguien a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”). 
La supuesta amenaza, fue ni más ni menos que la manifestación de nuestro compañero de continuar la lucha a pesar de las denuncias, por lo que consideramos que el intendente Garro junto a su plantel y en alianza con la Fiscal Virginia Bravo, respondieron judicializando y persiguiendo a compañeros. Esta política represiva forma parte del plan estructural de Cambiemos tanto a nivel Nacional, Provincial como Municipal, que se evidencia a través del uso recurrente de la policía para dispersar por la fuerza y con métodos violentos a manifestantes, como así también el amedrentamiento a través del armado de causas sin fundamentos. 
Cabe destacar que Virginia Bravo ya anteriormente había pedido la elevación a juicio sin siquiera convocar a otros testigos. Sólo se basó en los testimonios de los funcionarios que son un “copie y pegue” sin sustento, sumado a que varios de ellos son efectivos de seguridad que no se encontraban presentes en la reunión en la que se produjo la supuesta “coacción”. 
Por otro lado, Bravo también desconoció la amplia cantidad de fotografías, testigos y pruebas que presento la defensa, como así también los múltiples escritos de organismos de Derechos Humanos y personalidades que manifestaron su preocupación ante el avance contra los derechos democráticos. 
Contra esa solicitud, conjuntamente con la Ciega (colectivo de abogadxs populares) presentamos nuestra oposición al pedido de la fiscal sintetizando en un escrito la cadena de incongruencias y desatinos propuestos por Virginia Bravo. Observamos allí que la denuncia inicial no tuvo otra finalidad que la de desviar el eje de las solicitudes de los manifestantes para concentrar sus energías en defenderse en el ámbito judicial y que la actitud ensayada por los funcionarios es un claro acto de judicialización de la política y de criminalización de la protesta.
Plantemos que la acción de nuestrxs compañerxs, de ninguna manera configura un delito penal sino por el contrario, el ejercicio de un derecho constitucional –peticionar ante las autoridades- receptado en el artículo 14 Constitución Nacional.
El pasado 19 de abril, el Juez Mateos puso un poco de sensatez a la situación procesal de Nicolas y dictó su sobreseimiento retomando nuestros planteos. A pesar de que esta decisión ha sido apelada por la Fiscal Bravo, la decisión del Juez Mateos es motivo de alegría y una bocanada de aire fresco que refuerza nuestra lucha por los derechos de los cooperativistas y las organizaciones sociales, poniendo las cosas en su lugar.
Por ello llamamos a las organizaciones a continuar en esta senda, luchando en unidad hasta que este sobreseimiento adquiera firmeza y se cierre una causa que nunca debió iniciarse. Y llamamos a no dejarnos amedrentar por estas prácticas y a redoblar el compromiso con lxs humildes.

¡No a la criminalización y judcialización de la protesta!
¡Las discusiones políticas exigen respuestas políticas y no cobardes actos de persecución!
¡Repudiamos el accionar de la gestión de Garro y reclamamos la inmediata atención a las demandas de las organizaciones sociales!