Esta vez serán los Movimientos Sociales los protagonistas de una multitudinaria movilización frente al Congreso Nacional. El 1 de junio realizarán distintos cortes en los accesos a la Capital Federal para luego confluir con las columnas que vienen marchando desde distintos puntos del país. Reclaman por la aprobación de distintas leyes, por aumento salarial, por un paro nacional y se pronunciarán en contra del tarifazo, el ajuste y el acuerdo con el FMI.

Una de las principales leyes que vienen exigiendo es la que apunta a la promoción del trabajo para el sector cooperativista y así promover su inserción en el mercado laboral. Por lo tanto plantea un  cupo de contratación que tiene que ser de un 25% para obra pública (vivienda, acceso a los barrios, calles, cordones, infraestructura escolar, hospitalaria, forestación, etc.).

En la misma sintonía proponen que el Estado garantice la compra del 25% de la producción que se realiza en los talleres productivos del sector, y de esta manera poder dar un impulso y un plus de ingreso a las y los trabajadores.

Estas dos leyes fueron también presentadas en Febrero en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. En aquel momento las organizaciones sociales planteaban que querían participar en la discusión sobre el destino de los fondos que la Nación le giraría a María Eugenia Vidal en el marco de la negociación por el fondo del conurbano.

Por otro lado, está la Ley de Emergencia Alimentaria que tiene por objetivo garantizar la seguridad alimentaria y el Derecho a la Alimentación adecuada en todo el territorio nacional; Así el propósito es reducir el índice de indigencia progresivamente hasta su erradicación.

Para esto proponen la creación de un Consejo Nacional de la Emergencia Alimentaria, el cual debería estar compuesto por el gobierno, técnicos y las organizaciones sociales más representativas. El mismo debería armar un reglamento, fortalecer los programas alimentarios a niñas, niños y jóvenes, promover el desarrollo de pequeños productores y la compra de lo que produzcan. El financiamiento se haría otorgando un adicional al presupuesto de Desarrollo Social, proveniente de una cuota que paguen los supermercados, una retención a las mineras, al campo y el sector industrial y de organismos internacionales.

A su vez algunos sectores que participan de la convocatoria pedirán abiertamente que se sancione la Ley que impulsa la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Seguro, Legal y Gratuito. “Teniendo en cuenta la histórica y enorme batalla que vienen dando las mujeres e identidades disidentes en pos de la legalización del aborto, nos parece fundamental acompañar esa lucha. Si bien nuestra organización tiene multiplicidad de opiniones respecto a este punto, acompañamos a cientos de compañeras en su decisión de interrumpir un embarazo y es por eso que consideramos que esta es una discusión de salud pública y luchamos día a día por sacarla de la clandestinidad” expreso el Frente de Organizaciones en Lucha en un comunicado.

Estos grupos además impulsarán un gran pañuelazo en el marco de la movilización piquetera, por lo cual instan a que todas aquellas que estén de acuerdo lleven su pañuelo verde y colaboren en visibilizar el apoyo a la causa.

Por otro lado la medida tiene una fuerte impronta en contra del acuerdo con el FMI, los tarifazos y el ajuste. Las cooperativas de las organizaciones sociales reciben actualmente un ingreso de 4750 pesos que es lo que destina el gobierno para el programa Hacemos Futuro, y que equivale a la mitad de lo pautado para el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Este monto se encuentra por debajo de la línea de indigencia y muy alejado de lo que cuesta la Canasta Básica Familiar.

“Los aumentos de tarifas y el encarecimiento de productos básicos a raíz de la inflación son imposibles de afrontar, por lo que cada vez son más las familias que se acercan a los comedores ya que no tienen ni para alimentar a sus hijos e hijas. Ante esto reclamamos que haya un aumento de manera urgente de nuestros salarios” dijeron desde el FOL en su comunicado. Calculan que la inflación real estará cerca del 30% y en consecuencia plantean un aumento salarial de emergencia que la equipare.

Por último remarcan que el acuerdo con el FMI implica la profundización del ajuste y el recorte en educación, salud, trabajo y pensiones o planes sociales, lo cual termina perjudicando a las y los trabajadores.