Cambiemos llegó al gobierno con un propósito claro que implica diversas reformas neoliberales y medidas de ajuste hacia el pueblo; para cumplir dichas metas necesariamente requiere la presencia de las fuerzas de seguridad que contengan el conflicto social, por lo que el objetivo de mantener un buen vinculo con las fuerzas y de otorgar concesiones estuvo al mando de la Ministra Patricia Bullrich.

En los últimos meses la política represiva ha evidenciado una fuerte escalada, cuestión que tiene que ver con controlar y restringir la protesta social, lo que conlleva un fuerte avasallamiento contra las libertades y derechos democráticos para el conjunto de la población.

Los días 13 y 14 y luego el 18 de diciembre fueron jornadas multitudinarias en donde las inmensas columnas de manifestantes repudiaron tanto la realización del encuentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como la Reforma Previsional. 

En ese marco Horacio Daniel Ramos, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, perdió parcialmente la visión como consecuencia de la represión del día 18. “Padecí una gravísima lesión por un proyectil de arma de fuego en el ojo derecho, lo que causó el estallido del globo ocular y requirió su extracción” contó el afectado. A raíz de este gravísimo ataque se inició una denuncia penal contra Rodríguez Larreta, funcionarios del gobierno de la ciudad y contra el personal policial implicado.

La persecución a militantes se profundizó posteriormente a esas jornadas, son muestras de eso el pedido de captura internacional de Sebastián Ramos integrante del PSTU, la prisión preventiva por causas políticas a dos miembros del Partido Obrero y la posterior elevación a juicio para sacar una sentencia rápida. Sumado a esa persecución están los casos donde se destaca la militarización del Hospital Posadas; los despidos sin aviso previo y con guardias de Gendarmería evitando el ingreso de los trabajadores en los entes públicos.

Párrafo aparte merece el ataque contra la prensa en las coberturas periodísticas de hechos represivos. En las marchas del 14 y 18 de diciembre, medio centenar de trabajadores de prensa recibieron balas de goma y gases a muy corta distancia y aún luego de identificarse como periodistas, una quincena fue detenida sin justificación alguna. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBA) denunció esto y exigió al Estado argentino que garantice el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Al escenario económico, político y social se le fue sumando el avance contra los derechos humanos, donde algunas muestras de esto son el caso del asesinato de Rafael Nahuel en Bariloche; el caso Santiago Maldonado y todas las trabas e irregularidades en el esclarecimiento de su muerte; la férrea política de persecución y ataque a la comunidad Mapuche y la reciente extradición del Lonco Facundo Jones Huala; el informe realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en conjunto con los gobiernos provinciales del sur, donde investigaban a la RAM y a distintas organizaciones políticas y sociales tildándolas de terroristas; el otorgamiento de la prisión domiciliaria a los represores de la última dictadura siendo el caso de Etchecolatz el más emblemático; y la reunión de Mauricio Macri con el policía Luis Chocobar, procesado por asesinar a un joven por la espalda, cuestión que evidencia que el gatillo fácil es una política de Estado.

El caso de la desaparición de Santiago Maldonado, fue un hecho que mantuvo en vilo a gran parte del país y donde el gobierno mostró una de sus facetas más descarnadas. Las masivas concentraciones en todo el país en búsqueda de justicia fueron ninguneadas por Patricia Bullrich quien se mantuvo firme en la defensa hacia la gendarmería acusando a los Mapuches de terrorismo. A su vez en el caso del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, la ministra expresó “No tenemos que probar lo que hacen nuestras fuerzas de seguridad” dando margen a que las fuerzas puedan autoregularse determinando cuando y como disparar sin tener que dar explicaciones.

Es así que todas estas medidas apuntan a la construcción de un enemigo interno al que hay que eliminar. La construcción de esa amenaza interna va cambiando de protagonistas, ya que por momentos son los movimientos sociales, por otro los sindicalistas, los mapuches, o los anarquistas. Lo que denota que el objetivo final es avanzar contra la protesta social y contra los sectores más vulnerables en base a la estigmatización y la persecución política.