Han pasado seis años de la primera movilización masiva con el lema “Ni una menos” y si bien se logró la visibilización de una problemática historica que afecta a miles de personas, la situación con respecto a la violencia de género no se ha modificado de manera profunda. Incluso, los movimientos sociales denuncian que en el contexto de pandemia la desprotección es aún mayor.
A lo largo de este tiempo, los reclamos han sido muchos y variados, pero principalmente se centran en la responsabilidad que tiene el Estado a la hora de crear políticas públicas efectivas y con un presupuesto acorde. A su vez, la justicia es foco de profundas críticas debido al carácter patriarcal con el que sigue operando, que genera una mayor exposición y culpabilización de las víctimas.
Frente a esto, referentes de las comisiones de género del FOL en distintas provincias remarcan que las redes solidarias de acompañamiento que han logrado tejer entre ellas y con otras organizaciones e instituciones, han sido la clave para generar respuestas reales ante la problemática. Si bien no abandonan sus reclamos frente al Estado, tampoco están dispuestas a quedarse de brazos cruzados y por eso se organizan cotidianamente y construyen sus propias herramientas.
En la ciudad de Fiske Menuco, Río Negro, Catalina dice que “el problema más grande que estamos teniendo es que al no haber tantos espacios de encuentro estas situaciones de violencia se viven muchas veces en total soledad”. La pandemia hizo que tuvieran que suspender por un tiempo las instancias en las que se encontraban y podían contenerse, expresarse y acompañarse, pero agrega que han “tejido una red donde las delegadas son quienes generalmente reciben estas situaciones y nos las comunican a nosotras que somos quienes coordinamos con el área de consejerías jurídicas que son compas que están por recibirse de abogas de la universidad de Comahue y que aportan herramientas del derecho popular y acompañan estas situaciones de violencia”
Las delegadas de los comedores, son uno de los sectores más activos de la organización y al vivir en el barrio y cerca de sus compañeras son actrices claves y de confianza para detectar contextos de violencia en los hogares.
“La pandemia agudizó todo, más que nada, porque las compañeras y compañeres viven con los violentos y eso tensionó muchísimo” dice Camila de Quilmes, y cuenta que “la justicia está completamente trabada. Por ejemplo vas a una fiscalía y te dicen manda un mail. Mandas el mail y nadie te responde. Vas de nuevo y te dicen de a uno atendemos”.
La burocracia de la justicia y el Estado son factores decisivos a la hora de que una persona dé marcha atrás en su proceso de denuncia. Las idas y vueltas, los maltratos, la revictimización constante que se produce al tener que contar una y otra vez lo que sucedió, la inexistencia de soluciones y la falta de empatía generan que las personas se retraigan, se cansen y abandonen el proceso. Por eso el estar acompañades por otres que sostienen y brindan contención es fundamental.
“Como acompañantes en situaciones de violencia entramos a hacer las denuncias con las compañeras y como no nos dejaban las compañeras quedaban completamente expuestas y solas con cualquier policía que les tome la denuncia” dice Camila. “Hemos recibido respuestas como ‘él debe estar alterado por el encierro’”.
El aislamiento y la obligación de quedarse en casa recluyeron a muchas mujeres, lesbianas, trans, y travestis a permanecer en sus hogares con parejas violentas. Sumado a que un contexto de aumento de la pobreza, desempleo, hambre y precarización de la vida las preocupaciones y tensiones aumentan y esto puede provocar que los hechos de violencia sean más frecuentes. A su vez, para muches niñes que viven situaciones de abuso también implicó una mayor exposición y una gran dificultad para poder pedir ayuda, ya que son las escuelas los espacios donde generalmente se detectan estos casos.
Desde Mendoza, las integrantes de la comisión grafican, “son las comisiones de géneros quienes han intentando en plena pandemia, contener y acompañar a quienes estaban aisladas, prestar un espacio que las contengan e intentar sortear con ellas las burocracias para avanzar con denuncias, perimetrales, programas sociales de emergencias. Un contexto además, en el que seguimos sosteniendo el trabajo reproductivo, con el trabajo de cuidado y ahora también, gran parte de la enseñanza escolar depende de nosotras. Nuestras condiciones económicas en el contexto pandémico se han visto más atravesadas que nunca por la falta de recursos y la desidia estatal”.
En la ciudad de Clorinda, Formosa, el FOL asiste a aquellas compañeras que decidieron compartir las diferentes situaciones de violencia de género que estaban viviendo en sus respectivos hogares. “El trabajo de la regional en esta localidad fue clave al momento de acompañarlas al Centro de Acceso a la Justicia, que funciona en el Centro Integrador Comunitario, para la posterior asistencia psicológica y asesoramiento judicial. Uno de los avances más significativos fue el de lograr que comiencen a percibir el cobro de Potenciar Trabajo, para la conquista del derecho a la independencia económica, el pago de sus alquileres para ellas y sus hijes, alejadas ya del violento. En la localidad de Ibarreta, en la misma provincia, se acompaña a mujeres en situación de violencia de género que deciden hacer la denuncia, a pesar de la falta de profesionales del área de la Psicología que ayudaría al seguimiento intensivo de cada caso. “Otra de las falencias se da en el acceso a la información, que necesitan en esta ciudad para compartir y debatir en charlas privadas con las compañeras víctimas de violencia de género. De todas maneras, y en todas las localidades, desde FOL sigue de cerca cada uno de los casos, recordándoles que no están solas”, afirman desde el espacio de géneros.
A pesar del tiempo transcurrido desde la sanción de la Ley 26.485 (Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales) en 2009, siendo una de las más progresivas en Latinoamérica, poco se ha hecho para darle sustento desde todos los sitios estatales. Producto de ello es la alta tasa de femicidios, 94 en lo que va de 2021, la falta de prevención, la ineficiencia del poder judicial al momento de investigar, la desprotección social y económica en la que viven mujeres y disidencias sexuales y una desigualdad absoluta en el acceso a derechos básicos.
Las integrantes de las comisiones, sin embargo, afrontan esta dura realidad con la convicción de la organización. “Tejemos redes entre nosotras, que nos permiten no solo hacerle frente al Covid, sino también, como siempre, darle pelea al virus más grande que es el capitalismo y su patriarcado”, concluyen.