En los últimos días del 2020, organizaciones sociales y ambientales alertaron a la comunidad de Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown, sobre una ordenanza impulsada por el intendente Mariano Cascallares, que pretende modificar los parámetros de uso del suelo de lo que se conoce como “Parque Rural”. La nueva normativa persigue el objetivo de rezonificar la zona para abrirle la puerta a grandes emprendimientos inmobiliarios que amenazan la actividad productiva que allí se desarrolla y la conservación de la naturaleza.

La medida pasó desapercibido para las y los pobladores, ya que se hizo sin ningún tipo de consulta y en medio del aislamiento producto de la pandemia, lo que dificultó la participación de la comunidad. Cuando las organizaciones ambientales y sociales que trabajan en el lugar tomaron contacto con el escrito, alertaron que pude llevar a un colapso urbanístico, a la destrucción del ambiente y de la actividad rural y cultural que allí se lleva a cabo.

El Parque Rural fue creado como tal en el 2014, con otra ordenanza que establecía aéreas de paisaje rural y natural, 1500 hectáreas destinadas a la producción de animales de granja, a la actividad flori-hortícola y la fruticultura (durazno, ciruela y cítricos) y una pequeña porción donde se cultiva soja. También hay quintas recreativas y deportivas, y el predio es atravesado por el arroyo Las Piedras, que junto a sus distintos brazos, suman 17 mil metros de curso de agua.  

Con la nueva normativa, el intendente planea convertir al lugar en un área destinada a la construcción de barrios cerrados, lo cual abre la puerta a la especulación inmobiliaria. Como se sabe los countries modifican el caudal de agua de los arroyos aledaños causando inundaciones en los barrios populares, se asientan sobre lugares que son humedales debido a que son terrenos más baratos, y promueven la construcción de autopistas y vías de acceso que cambian las condiciones del suelo y que en muchos casos implican desplazamientos de personas que viven en las zonas aledañas.

“Los ricos escapan de la ciudad por la falta de espacios verdes suficientes, la deficiencia en el transporte y la contaminación creciente, a la vez que sepultan a los sectores populares a vivir en condiciones cada vez peores. La construcción de esos mismos countries genera enormes perjuicios para las poblaciones que viven en la cuenca media y baja, afectando la dinámica natural del agua de lluvia, incrementando las inundaciones rio abajo, y degradando la calidad de sus aguas” dijeron integrantes del proyecto Hábitat Claypole del Frente de Organizaciones en Lucha.

La pandemia del coronavirus puso sobre la mesa la terrible destrucción del ambiente que conlleva el sistema capitalista en el que vivimos. El virus se expandió rápidamente en las grandes ciudades debido al hacinamiento, la falta de agua en muchos barrios y las pésimas condiciones de vida que soporta gran parte de la población. Esto fomentó que la gente rica comience a buscar zonas para vivir alejadas de las grandes urbes, lo que implica el aumento de los desalojos en villas y asentamientos que hasta el momento eran olvidados en las afueras de la ciudad, y también conlleva una expansión en la construcción sin ningún tipo de planificación ni análisis del impacto ambiental.

La afectación de las pocas aéreas verdes que quedan, para que solo un puñado de personas viva con grandes lujos y comodidades en terrenos inmensos, provoca la modificación de los ecosistemas, modifica cursos de agua generando inundaciones y genera el encarecimiento abismal del suelo. Así se crean sociedades cada vez más desiguales y fragmentadas, donde los sectores beneficiados son las inmobiliarias y constructoras, mientras la mayor parte de la clase trabajadora ni siquiera puede acceder a una vivienda digna.