Trabajadoras y trabajadores de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil que pertenece al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia emitieron un comunicado denunciando el reiterado atraso en el pago de los salarios y hace un mes están trabajando sin contrato. Son 136 personas distribuidas en distintos dispositivos que acompañan a jóvenes con causas penales.

Desde hace años vienen trabajando bajo la modalidad de monotributistas, cuando deberían ser personal permanente del organismo provincial. Los contratos se renuevan en algunos casos cada 6 meses y en otros incluso cada dos, lo que genera una gran inestabilidad laboral y atrasos en los pagos debido a trámites burocráticos. “Recién el 4 de este mes se concretó la firma de manera virtual. Pero aún queda pendiente una larga cantidad de pasos, papeles, firmas de autoridades, idas y vueltas de expedientes hasta que lxs trabajadorxs puedan cobrar el sueldo de abril” expresaron en un comunicado.

A esta situación, se le suma que recientemente María Fernanda Raverta abandonó su puesto como ministra de Desarrollo de la Comunidad de la provincia para pasar a ser titular de la Anses, y atrás de ella se fue Paula Ferro directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, sin dejar nada organizado para resolver la demanda de las y los trabajadores. Esto retrasa aún más todos los pasos para que puedan cobrar.

La precarización y la falta de presupuesto es una constante a lo largo de los sucesivos gobiernos. Esta realidad termina repercutiendo una vez más sobre la juventud y la niñez que son uno de los sectores más postergados a la hora de pensar políticas públicas y que a su vez son también quienes más sufren la pobreza y el hambre.

El área de Responsabilidad Penal Juvenil trabaja acompañando a las y los jóvenes y sus familias mientras dure la causa penal, con medidas socioeducativas para potenciar sus intereses y de esa manera promover que puedan sostenerse en el sistema educativo. Pero en los sucesivos gobiernos, estos objetivos se ven obturados debido al vaciamiento sistemático y la preponderancia de una perspectiva política que no analiza las raíces de la desigualdad y el desamparo de la juventud y propone siempre como salida un régimen punitivo y criminalizador.

El único programa destinado a jóvenes a nivel general es el Envión, una política pública totalmente desfinanciada y donde sus trabajadores también denuncian altos niveles de precarización laboral. Las becas que recibe cada beneficiario constan de 400$ u 800$ dependiendo del sí cobran AUH o no, esos montos no se actualizan desde el 2018 por lo que frente a las escaladas inflacionarias representa tan sólo el 4,75% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

No hay opciones para las y los jóvenes, no existen políticas públicas efectivas para crear espacios recreativos, educativos, artísticos o deportivos. De esta manera todo recae sobre el esfuerzo y el trabajo a pulmón que realizan los trabajadores tanto del área de protección y promoción de derechos, como del área de responsabilidad penal juvenil, junto con los movimientos sociales que se encuentran en los territorios.