El lunes 25 de noviembre desde La Campaña Nacional Contra las Violencias Hacia las Mujeres en conjunto con un amplio marco de organizaciones, convocan a movilizar tanto en CABA como en la ciudad de La Plata, bajo las consignas: “¡Abajo el golpe en Bolivia!”, “¡Fuera Piñera!”, y “¡Aborto legal ya!”, por el Día Internacional de lucha contra las violencias hacia las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries.  

La fecha fue asumida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y reivindicada de manera internacional recién en 1999, aunque se comenzó a conmemorar dieciocho años antes luego del asesinato de Patria, Minerva y María Mirabal, quienes se enfrentaron a la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana.

 Sólo en 2018 se registraron más de 300.000 casos de violencia contra la mujer, según un informe del Indec difundido este año, debido a la falta de políticas públicas para combatir estas problemáticas. Entre 2013 y 2018 el total superó los 500.000, lo que significa que alrededor del 54% sucedieron en el último tiempo. El grupo más violentado fue el de jóvenes entre 19 y 39, con dos de cada tres casos dentro de este rango, y en el 82% de la totalidad de los casos el agresor corresponde a la categoría “pareja” o “expareja”.

 Los crímenes de odio contra lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries, también son moneda corriente. Durante el año pasado hubo al menos 94 crímenes de odio producto del rechazo de la orientación sexual y un total de 23 asesinatos por la misma razón. Según el Observatorio de Crímenes LGTB, cada 96 horas ocurre un travesticidio/transfemicidio, ya sea por causa de homicidio, suicidio o social, la causa más común. Esto último se debe a la ausencia del Estado y la falta de acceso a derechos básicos como salud, trabajo y vivienda.

 La situación en latino América es particularmente preocupante. En Bolivia, en donde se llevó a cabo un golpe de Estado por parte de la derecha ultracatólica y las fuerzas armadas, son las mujeres campesinas indígenas las más afectadas por la violencia y la discriminación racial. En cuanto a Chile, en donde se decretó el toque de queda, los militares y carabineros perpetran secuestros y crímenes sexuales, de los cuales ya se han contabilizado 18.  

La brecha salarial y el desempleo es otro de los factores que afecta mayormente a las mujeres. Casi el 20% de la población femenina total cobra menos que el valor de la canasta alimentaria, lo que las pone por debajo de la línea de pobreza y de indigencia. Además, la migración es otro factor de exclusión social que reproduce la desigualdad en el mercado laboral.

Las mujeres que forman parte de uno de los sectores más precarizados como lo son las cooperativas y los programas de empleo del gobierno, son además en su mayoría madres que cuentan con un único ingreso de $8500 en carácter de salario. De esta manera, son las más golpeadas por la violencia económica que ejerce el Estado al no otorgarles un salario digno y acorde a sus necesidades.

A su vez, tampoco existen políticas públicas reales y efectivas para acompañar a salir del círculo de la violencia a las mujeres más pobres. Militantes del FOL expresaron que “cuando una mujer necesita irse de su casa para poder salir de una situación de violencia el Estado no ofrece ningún tipo de respuesta. No hay ayudas económicas urgentes, ni refugios, ni apoyo psicológico. Dejan a las mujeres a la deriva, poniendo en riesgos sus vidas”.