El domingo 20 de octubre, Evo Morales ganó las elecciones presidenciales por más de 10 puntos en primera vuelta. La oposición, con el candidato Carlos Mesa al frente, desconoció los resultados, alegando un supuesto fraude y llamando a manifestarse en rechazo a la dictadura que supuestamente gobierna el país. Esto dio lugar a un nuevo intento golpista –en desarrollo- por parte de los sectores más pudientes, a quienes, según su conveniencia, las elecciones les sirven o no.

Ese llamado al desconocimiento de los resultado se dio en la misma noche de las elecciones, cuando aún no estaba dada la diferencia de 10 puntos necesaria para ganar en primera vuelta, porque no habían sido contados los votos del área rural, bastión histórico de apoyo a Evo y donde habitan los sectores históricamente más pobres que con la actual gestión pudieron avanzar en algunos derechos. Es decir, la clase poseedora otra vez intentó negar la existencia y participación de les que menos tienen.

La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Argentina presionaron inmediatamente para que se declare la necesidad de una segunda vuelta, aunque el conteo seguía en marcha. Finalmente, Evo Morales obtuvo el 47,08% y Mesa el 36,51%.

Esta reacción extranjera desencadenó y aceleró la reacción interna, donde sectores de la oposición comenzaron a convocar a movilizaciones, concentraciones violentas, paros y trancas que tienen conmocionado al país hermano en estos momentos.

Cabe destacar que el candidato Carlos Mesa Gisbert fue el vicepresidente y mano derecha de Gonzalo Sánchez de Lozada quien en su presidencia del 2002 al 2003 fue responsable de la conocida Masacre del Gas que dejó como saldo 68 personas muertas y 400 heridos. Luego de lo cual Sánchez de Lozada renunció a su cargo y fue reemplazado por Mesa hasta el año 2005, cuando también tuvo que renunciar producto de la profunda crisis social e institucional en la que habían sumido al país.

Ahora, la mayor violencia se está viendo en Santa Cruz, ciudad donde habitan las familias y sectores más adinerados del país. Donde se respira racismo y supremacismo blanco. Allí, en estos momentos, se impuso de facto un toque de queda permanente. En La Paz, la violencia es solo en algunas avenidas y sectores, especialmente de la zona sur, la más acomodada de la ciudad. El dirigente más sobresaliente de esta revuelta golpista es Luis Alberto Camacho, hijo de una billonaria familia cruceña, quien vendría a ser el Guaidó boliviano.

La forma de las manifestaciones (uso de la violencia, control territorial, desconocimiento del gobierno, parálisis de la vida económica y social) es idéntico al que se aplicó en Venezuela en los años 2014 y 2017, y en Nicaragua en 2018 (ambos gobiernos de tinte popular).

El oficialismo, a su vez, se ha estado movilizando masivamente en defensa de la victoria de Morales. Las concentraciones son masivas y pacíficas, y salen en muy pocos medios de comunicación. La base político-organizativa son principalmente los mineros, indígenas y campesinos, que son sectores simbólicos de otras luchas antineoliberales, como "la guerra del agua" de Cochabamba y "la masacre del gas" en El Alto.

Este plan de la oposición (dirigido desde el norte por los yanquis) tiene como objetivo desestabilizar a Bolivia y tumbar al gobierno como sea. Ante esta situación desde otros puntos del continente, como Argentina, migrantes bolivianas organizadas en el FOL manifestaron que “no podemos seguir permitiendo estos atropellos en nuestros territorios. Hoy, más que nunca, es fundamental la solidaridad internacional activa y la máxima unidad para enfrentar el avance del imperialismo y los proyectos político-económicos que buscan desaparecer nuestros derechos, saquear nuestros recursos y condenarnos a la miseria por generaciones”.